Este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con sede en Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la querella interpuesta por el abogado MANUEL ASSAD BRITO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 31.580, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana MARISELA RAMONA OQUENDO PRIETO, titular de la cédula de identidad Nº 7.975.408.

Primero: Declara Sin Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Revisión y Ajuste de Pensión de Jubilación), presentado en fecha 27 de septiembre de 2007, por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, por la abogada Susana Yaguaracuto, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 67.185, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Doris Zuleima Rodríguez Perozo, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.820.821, contra la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital. Segundo: Por cuanto la presente decisión se dicta dentro del lapso de ley, resulta inoficioso practicar la notificación de las partes. Asimismo, y a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 95 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena practicar la notificación de la ciudadana Procuradora Gen.....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Rosa Benilde Guerra Gamez, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 3.715.923, asistida por la abogada Margot Gamez Ñañez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 20.031, contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Rosa Benilde Guerra Gamez, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 3.715.923, asistida por la abogada Margot Gamez Ñañez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 20.031, contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados EUFRACIO GUERRERO ARELLANO, RÉGULO VÁSQUEZ, CARMEN AIDA RODRÍGUEZ, DAVID RICARDO GUERRERO PÉREZ, PAULO GARCÍA y PEDRO REYES RAMIREZ NIETO, apoderados judiciales de la ciudadana BEATRIZ ELENA RODRÍGUEZ FERNANDEZ, antes identificados, contra la CONTRALORÍA DEL ESTADO MIRANDA. Notifíquese de la presente decisión al Procurador General del Estado Miranda, de conformidad con el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República, debiendo la parte interesada consignar los respectivos fotostatos.

Por las razones expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda interpuesta por los abogados Carlos Ortega y Omaira Valera Alvarado, obrando por sí y en nombre y representación de los ciudadanos OLIVIA DE GONZÁLEZ, ANTONIA MARIA GONZÁLEZ DE DIOS, MARIA DE JESÚS SALAZAR DE GONZÁLEZ, LUÍS RAMÓN ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, ANTONIO JOSÉ MONTOYA, PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ DÍAZ, JOHN JAIRO CASTRO MARTÍNEZ, NEPTALÍ HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO SOLÓRZANO, JESÚS RAFAEL JIMÉNEZ COROPO, y GLADYS CECILIA PÉREZ DE PIÑA, todos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra la Alcaldía del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, solicitando el pago de la diferencia en el monto de sus prestaciones sociales.

QUE EN EL PRESENTE CASO SE HA VERIFICADO LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en consecuencia se declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA y PERIMIDO EL PROCESO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre los bienes muebles propiedad de los demandados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres, ni alguna disposición expresa de Ley.

En razón de lo antes expuesto, este juzgado Cuarto de Municipio, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, REVOCA la medida de prohibición de enajenar y gravar, decretada en fecha 16 de octubre de 2.007. Así se establece.