Vistos, oídos y analizados, todos y cada uno de los argumentos y defensas esbozados por las partes, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por la ciudadana ZOILA ELINA ARÉVALO OLLARVES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.174.768, asistida por el abogado FRANCISCO ENRIQUE BOLÍVAR BOLÍVAR, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 109.307, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación por cobro de diferencia de prestaciones sociales. En consecuencia, SE ORDENA al Ministerio del Poder Popular para la Educación, pagar los intereses moratorios sobre las prestaciones sociales, causados desde el (01 de septiembre de 2005), hasta el 23 de abril de 2009 (fecha de pago), para cuya determinación SE ORDENA practicar experticia complementaria al fallo, de conformidad con lo .....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por diferencia de prestaciones sociales interpuesta por los abogados Stalin A. Rodríguez S. y Ana Marichales, ya identificados, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana ELOISA ARCILA PAREDES, también identificada, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación. En consecuencia: PRIMERO: Se ordena al órgano querellado proceda a pagar la cantidad de OCHOCIENTOS SIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 807,85), por concepto de Anticipos de Fideicomiso y, en consecuencia, se ordena realizar el recálculo y pago de la diferencia de las prestaciones sociales de la querellante y sus respectivos intereses incorporando en la base de cálculo el monto descontado. SEGUNDO: Se ordena el pago de l.....

por tratarse el presente caso de un recurso de nulidad interpuesto contra un acto emanado de una Oficina de Registro Público, la cual depende de la Dirección Nacional de Registros y del Notariado, que a su vez depende jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, cuya competencia para su conocimiento no le está atribuida a este Juzgado, y en virtud del principio de competencia residual, se declina la competencia para el conocimiento del presente recurso y consecuente amparo cautelar, en la Corte de lo Contencioso Administrativo, a la cual le sea distribuida, a cuyos fines se ordena remitirle estos autos, bajo Oficio.