DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado en ejercicio RAÚL ALONZO LOBOS GIL, actuando como defensor privado del ciudadano JUAN ESPEJO, quien es titular de la cédula de identidad número 7.954.522, impugnando la SENTENCIA CONDENATORIA dictada en contra del encausado antes mencionado, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cuya dispositiva emitió el día 19 de Marzo de 2.007 y fue publicada el 2 de Abril de este mismo año, en la cual le fue impuesta la pena de DIECISEIS (16) AÑOS y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, al encontrar demostrada su participación y culpabilidad, en la comisión del delito de VIOLACIÓN, previsto y sancionado en el Artículo 374 encabezamiento del Código Penal vigente, en perjuicio del menor de edad (Se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente), actuando de conformidad con lo dispuesto en el Ar.....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el ciudadano José Omar Duran Hernández, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº 3.813.488, representado por los abogados Jesús Daniel Pérez Martínez y Jesús Enrique Duran, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 32.816 y 22.917, respectivamente, contra la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital. En consecuencia, se ordena al organismo querellado que proceda a la revisión y ajuste de la pensión de jubilación a partir del 27 de Agosto de 2006, y hasta el momento en que la administración haga efectivo el ajuste de pensión de jubilación ordenado en el texto de la presente sentencia, en la forma que lo disponen los artículos 13 de la Ley de.....

Por las razones expuestas este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Maria Virginia Rivero de Maiorana, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 3.676.338, representada por la abogada Nilia Velásquez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 38.214, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Maria Heneide Rangel Contreras, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 1.579.040, representada por la abogada Nilia Velásquez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 38.214, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación. En consecuencia: 1. Se ordena el pago de las deferencias sobre prestaciones sociales, tomando como antigüedad la cantidad de veintisiete (27) años y ocho (08) meses, para lo cual se ordena igualmente la designación de un experto contable, a los fines de que efectué los cálculos por dichas diferencias, tal como lo estipula el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y con estricto apego a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo (Articulo 108)......

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara Parcialmente Con Lugar, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana MERCEDES SULIMA HERNANDEZ, representada de abogado identificado UT SUPRA, contra la Contraloría Municipal del Municipio Vargas. En consecuencia se declara nulo el acto administrativo emitido por la Contraloría del Municipio Vargas, en fecha 23 de octubre de 2006, contentivo de la remoción de la querellante, del cargo , notificado mediante oficio Nº 01-927-06, de fecha 24 de octubre de 2006, se ordena la reincorporación al cargo de Jefe de División de Control de Obras que venía desempeñando la querellante, o a otro de igual o similar jerarquía al cual reúna los requisitos e igualmente el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de la ilegal remoción y retiro hasta el momento de su efectiva reincorporación al carg.....

Por la motivación que antecede éste Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara Parcialmente Con Lugar, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Noris Antonieta Carreño Mora, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 647.868, representada por el abogado Stalin A. Rodríguez S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 58.650, contra el Ministerio de Educación y Deportes, (hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación), por concepto de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos. En consecuencia, se ordena el reembolso por concepto de anticipos de fideicomiso correspondiente a (Bs. 1.118.603,95), por haber sido descontado arbitrariamente en el pago de sus prestaciones sociales. Igualmente se ordena al Ministerio querellado cancelar los intereses generados por l.....

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda (querella) interpuesta por el ciudadano REGULO ENRIQUE MOLINA MATA, por intermedio de su apoderada judicial, abogada, MARÍA GABRIELA ROMERO FOX, ambos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLÍCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA.

Ente Tribunal se declaró incompetente por la cuantía para conocer de este juicio, por lo cual ordenó remitir el expediente a un Juzgado Superior para que regule la competencia, de conformidad con el art. 70 del Código de Procedimiento Civil.

APor todo lo antes expuesto y habiéndose cumplido todas las formalidades previstas en la ley in commento, tal y como se desprende del análisis de los autos, este Despacho Judicial a cargo de la Jueza Nº I de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la solicitud de autorización judicial para la venta de un bien inmueble, interpuesta por la ciudadana ROSA MERCEDES LA MAIDA SEIJAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V-6.523.953, representante legal de los niños(x) En consecuencia queda judicialmente autorizada la ciudadana antes mencionada para proceder a la venta del bien inmueble: un apartamento ubicado en la avenida Circunvalación la Laguna de Catia, Parroquia Sucre, Conjunto Residencial La Laguna, Edificio 9, piso 15, apartamento 15-2, .....

DE LOS BENEFICIOS DE PRE-LIBERTAD: A continuación se indican los beneficios de pre-libertad a los que podrá someterse el penado, previo el cumplimiento de los requisitos de ley, estos son: 1.- El Destacamento de Trabajo, lo puede optar al haber cumplido una cuarta (1/4) parte de la pena, es decir, a partir del 08 de enero de 2003. 2.- El Régimen Abierto, lo puede optar al haber cumplido un tercio (1/3) de la pena, es decir, a partir del 16 de julio de 2003. 3.- Indulto; lo puede optar al haber cumplido la mitad (1/2) de la pena, es decir, en decir, a partir del 01 de agosto de 2004. 4.- La Libertad Condicional, la puede optar al haber extinguido las dos terceras (2/3) partes de la pena impuesta, es decir, a partir del 15 de agosto de 2005. 5.- El Confinamiento, lo puede optar al haber cumplido las tres cuartas (3/4) partes de la pena, es decir a partir del 23 de febrero de 2006.