Es importante observar, que el vicio denunciado contra la providencia administrativa es el falso supuesto de hecho, fundamentado en una errónea valoración de las pruebas por parte de la Inspectora del Trabajo. Por lo tanto, pronunciarse en vía cautelar sobre tales señalamientos equivale a prejuzgar sobre la decisión definitiva, no siendo evidente en autos la apariencia del buen derecho invocado, ni existiendo vestigio probatorio alguno sobre los perjuicios que ocasionaría el cumplimiento de la providencia administrativa; por lo que no se encuentran cubiertos los extremos previstos en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por lo expuesto, este Tribunal niega la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares ya identificado.

Entonces, del presente asunto se evidencia que la parte actora presentó escrito en fecha 01 de diciembre de 2010 (folios 75 y 76) solicitando medida de suspensión de efectos del acto administrativo; no realizando otra actuación tendiente a la continuación de la causa sino hasta el 18 de octubre de 2012 (folio 109), en el que solicita se remita el asunto a los juzgados de juicio del trabajo, trascurriendo entre una y otra actuación casi dos (02) años sin impulso procesal. Existiendo inactividad de la parte actora por más de un año, es decir del 01 de diciembre de 2010 al 18 de octubre de 2012, se cumplen los extremos del Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y resulta forzoso para quien Juzga declarar la perención de la instancia. Así se establece.

En el presente caso, la parte imputa como vicio del acto administrativo el falso supuesto de hecho, lo cual exige un examen de la providencia, de los hechos, de las pruebas, y el fondo de la controversia, que no es posible en vía cautelar constitucional, conforme al Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por otra parte, el vicio alegado no tiene conexión con alguna norma constitucional, no siendo evidente y directa la violación de algún derecho o principio laboral de la Carta Fundamental, no cumpliéndose los extremos exigidos en el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por lo expuesto, y visto que no se observa violación directa del Texto Fundamental, ni el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Artículo 5 Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se declara improcedente la solicitud de amparo cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado......