Conforme a lo expuesto, resulta evidente que transcurrido el lapso previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: consumada de pleno derecho la PERENCIÓN y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente proceso

Conforme a lo expuesto, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la demanda por nulidad de venta intentada por el ciudadano ANTONIO DOMINGUEZ MOUCA, contra el MUNICIPIO JUAN JOSE MORA, ESTADO CARABOBO. En consecuencia PLANTEA conflicto de competencia ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Este Juzgador observa que el desistimiento no es contrario al orden público, a la moral, buenas costumbres ni disposición expresa de la ley que impida su homologación, en razón de lo cual este Juzgado impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara Homologada la transacción realizada por las partes.

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior, actuando en la competencia constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta el ciudadano TEODORO PARRA, cédula de identidad V-3.861.500, con carácter de Concejal del Municipio Peña, Estado Yaracuy, asistido por el abogado LUIS RAMON REYES, Inpreabogado Nº 37.472, contra el Concejo Municipal del Municipio Peña, Estado Yaracuy, de conformidad a lo establecido en el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior, actuando en la competencia constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta por las abogadas ANA L. VILLAMEDIANA CRUZ y MERY I. ANGARITA FALCON, con carácter de apoderadas judiciales del ciudadano ADOLFO JOSE MORILLO MORALES, identificados anteriormente, contra la COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICÍA DEL ESTADO CARABOBO, de conformidad a lo establecido en el artículo 6, ordinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.