Entonces, revisado el presente asunto, se evidencia que la última actuación de la parte actora se realizó el 15 de noviembre de 2010 (folio 31) y a partir de ese momento no se observan mas actuaciones en el juicio principal, evidenciándose su falta de interés por un (1) año y cinco (5) meses en el impulso de las notificaciones y en la consecución de la presente causa. Existiendo inactividad de la parte por más de un año, se cumplen los extremos del Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y resulta forzoso para quien Juzga declarar la perención de la instancia. Así se establece.

Para determinar el alcance de ésta decisión, el Artículo 259 de la Carta Fundamental, faculta al Juez contencioso administrativo disponer lo necesario para el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva lesionada por la actividad administrativa, que en el presente caso consiste en reponer el procedimiento administrativo al estado de que la Inspectoría del Trabajo competente dicte nueva decisión respecto a la admisibilidad de la petición de la parte demandante, tomando en consideración lo dispuesto en el Artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo (nomenclatura vigente), en conexión con el Artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para el caso de que requiera subsanar errores u omisiones.

Por todo lo expuesto, están cumplidos los extremos indicados en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que, a los fines de evitar un daño irreparable o de difícil reparación para el demandante, se decreta la suspensión provisional de los efecto de la providencia administrativa Nº 394, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara sede Pedro Pascual Abarca, de fecha 29 de abril de 2011 en procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos expediente Nº 078-2010-01-833, intentado por el ciudadano VÍCTOR JOSÉ MENDOZA SÁNCHEZ contra SISTEMAS OPERATIVOS SANITARIOS, C.A. (SIOSCA) Así decide.

Respecto a las documentales insertas a los folios 42 y 49 (ya analizados y valorados), se observan las facultades de la actora como administradora, sin ir más allá, ya que no se observan facultades específicas para disponer, tampoco se evidencia que sus decisiones fuesen relevantes para el giro de la empresa, como exige el Artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por lo expuesto, se declara que la demandante ocupaba un cargo relacionado con las funciones de los empleados de confianza, conforme a lo expuesto en el Artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo y procedentes las indemnizaciones del Artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que no consta en autos otra forma de terminación de la relación distinta a la señalada en el libelo.