Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se evidencia que desde el día 31 de Octubre del 2.006, fecha en que fue recibida la presente demanda por ante este Juzgado, la parte demandante no ha consignado los documentos fundamentales de su demanda, por lo que este Tribunal en conformidad con lo dispuesto en los artículos 341 en concordancia con el ordinal 6º del artículo 340 ambos del Código de Procedimiento Civil, actuando en sede Civil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la demanda que por COBRO DE BOLIVARES sigue PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA contra el ciudadano GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ LUNA. ASI SE DECIDE.

Lo anteriormente expuesto, es traducido en inactividad procesal, dentro de los preceptos sancionatorios previstos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que de conformidad con la referida norma, este Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas.-

De la diligencia antes comentada se evidencia que la representación judicial de la parte actora sólo se limito a consignar las referidas copias simples a los fines de que este Tribunal “…se pronuncie sobre la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada en el libelo..”. Dichos recaudos al ser copia simple de documentos privados no arrojan ningún valor probatorio para este tribunal para verificar si se cumplen los requisitos del periculum in mora y el fomus bonis iuris para la procedencia de la medida solicitada. En consecuencia, este órgano jurisdiccional NIEGA la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada. Así se decide

V- -DISPOSITIVO- Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil Bancario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal de Alzada, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Carmine Romaniello, co-apoderado actor, contra la sentencia dictada en fecha 20 de julio de 2006, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. En consecuencia, SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la referida decisión de fecha 20/07/2006; la cual cursa a los folios 13 al Vto., del 17, del presente Cuaderno de Medidas. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso de apelación a la parte apelante. TERCERO: Se hac.....

Se suspendió la práctica de la presente medida, en virtud de que este Tribunal se constituyó en un domicilio errado, suministrado por la Apoderada Judicial de la parte actora; En virtud de lo cual, solicito sea suspendida la practica de la presente medida y así mismo se mantenga la presente comisión en el archivo de este juzgado.

decreta MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO

este Tribunal conforme a lo previsto en el Artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, decreta MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO

PRIMERO: Declara con lugar la pretensión de la Defensora Pública 27ª de este Circuito Judicial Penal, Abg. CRUZ MARINA QUINTERO MONTILLA, pero por razones distintas a las argumentadas en el recurso de apelación que interpusiera el 19-10-2006. SEGUNDO: Revoca la sentencia condenatoria dictada el 14-7-2006 en perjuicio de MIGUEL JOSE COVA ASTUDILLO y ordena la reanudación del proceso que se sigue en su contra, de conformidad con el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para el año 1999.

Ahora bien, en virtud de que se encuentran llenos lo extremos previstos en la Ley y el referido convenio no es contrario al interés superior del niño SSSSSSSSSSSSSS, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, acuerda homologar dicho convenio en los mismos términos y condiciones expuestos por las partes. Igualmente, se acuerda expedir por secretaria copias certificadas del escrito de solicitud y del presente auto, a los fines de que surta sus efectos legales. Cúmplase lo ordenado.

Al respecto, observa el Tribunal que el artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente: "Suspensión Condicional de la Ejecución de la pena: Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, deberá solicitar al Ministerio del Interior y Justicia, un informe psicosocial del penado, y se requerirá: ...2. Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de cinco años...". Y vemos en este punto que la pena impuesta es de DOS (02) AÑOS, OCHO (08) MESES DE PRESIDIO, asimismo el artículo 480 del Código Orgánico Procesal Penal vigente nos señala en su primer aparte: "Si estuviere en libertad y no fuere procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ordenará inmediatamente su reclusión... (omissis)" (subrayado nuestro); así las cosas, en el presente caso pudiera proceder el mencionado beneficio, previo a los requisitos contemplados en la Ley, y por consiguiente el Tribunal no procederá ordenar la reclusión del.....