declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con suspensión de los efectos por la abogada LIRIMAR SEGOVIA NIEVES, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 96.151, en su carácter de apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ZAMORA DEL ESTADO MIRANDA, contra la Providencia Administrativa Nro. 390-04, de fecha 19 de mayo de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda.

declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con suspensión de los efectos por la abogada LIRIMAR SEGOVIA NIEVES, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 96.151, en su carácter de apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ZAMORA DEL ESTADO MIRANDA, contra la Providencia Administrativa Nro. 390-04, de fecha 19 de mayo de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, “administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley”, de conformidad con lo previsto en el encabezamiento del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal ADMITE el recurso de apelación presentado por los abogados José Luis Tamayo Rodríguez, José Antonio Báez Figueroa y Belinda María Llanos Torres, en su condición de apoderados judiciales del ciudadano José Gavino Apolinar Romero, en contra de la decisión dictada el 9 de agosto de 2007, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio, mediante la cual declaró inadmisible la acusación privada presentada por el ciudadano José Gavino Apolinar Romero, en contra del ciudadano Manuel Álvarez Guariguata, por la presunta comisión del delito de Difamación Agravada Continuada, prevista y sancionada en el artículo 442 de la norma sustantiva penal.

CON LUGAR LA INHIBICIÓN, planteada en fecha 30 de Julio de 2007, por el Juez Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Dr. HUMBERTO ANGRISANO. Remítase anexo oficio el presente expediente al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en su oportunidad legal. Déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias de este Tribunal.

(...) DECLARA: SIN LUGAR la demanda que por motivo de Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales Intentara el ciudadano EDISON GABRIEL MOLINA DUQUE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 11.196.122, en contra de la empresa BANCO FEDERAL, C.A., Sociedad mercantil constituida y domiciliada en la ciudad de Coro, Estado Falcón según consta de documento debidamente inscrito en el Registro Mercantil que se llevaba ante la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, bajo el N° 64, folios 269 al 313, Tomo III, el veintitrés (23) de abril de 1982. No hay condenatoria en de conformidad con lo dispuesto en la norma del artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por aplicación analógica de acuerdo a lo dispuesto en la norma del artículo 11 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil se ord.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte actora contra la sentencia de fecha 13 de noviembre de 2006, dictada por el suprimido Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano Porfirio José Martínez Quevedo contra el Banco Industrial de Venezuela. TERCERO: SE CONDENA a la demandada a pagar al actor los conceptos y cantidades ordenados, conforme a los términos y condiciones establecidos en la motiva del presente fallo. CUARTO: SE ORDENA la designación de un (1) solo experto, cuyos honorarios correrán por cuenta de la dem.....

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas este Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión de fecha 07 de febrero de 2006, dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda incoada por la ciudadana ELBA REYES DE ALGARA contra PETROQUIMICA DE VENEZUELA S.A. TERCERO: SE CONFIRMA el fallo apelado. CUARTO: No hay condenatoria en costas.

En virtud de las razones que preceden, esta Sala Cuatro de la Corte Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación presentada el 21 de agosto de 2007, por la abogada Lorena Afonso Dias, Defensora Pública Penal Décimo Octava (18°) del Área Metropolitana de Caracas, y en consecuencia CONFIRMA la decisión dictada el 14 de agosto de 2007, por el Juzgado Décimo Octavo (18°) de Primera Instancia en función de Control de este Circuito Judicial Penal, en la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad al ciudadano RIERA RAMÍREZ JESÚS ALBERTO, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO, previsto y sancionado en el artículo 5 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en concordancia con los cardinales 1,2 y 3 del artículo 6 eiusdem.

REVOCA LA MEDIDA DE PRE-LIBERTAD DE REGIMEN ABIERTO Y ORDENA LA CAPTURA DEL CIUDADANO: RAMOS MAURERA HUGO ARMANDO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 511 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

DECRETA LA LIBERTAD PLENA AL CIUDADANO, CARLOS MANUEL MONTERO NAVAS, EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO LA PENA QUE LE FUERA IMPUESTA