Se CONFIRMA la decisión dictada por el Tribunal de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante la cual expidió MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS, solicitado a favor del ciudadano GREGORIO ANTONIO FIGUEREDO ESCALONA.

Se CONFIRMA la decisión dictada por el Tribunal de Control N° 9 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante la cual expidió MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS, solicitado a favor de los ciudadanos GUSTAVO ORELLANA LAMEDA, YOHAN ARBEI GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JUAN LUIS LOAIZA ZAMBRANO, CHARLES VÁSQUEZ, WILLIAM VÁSQUEZ ORELLANA Y YORMAN VÁSQUEZ.

Se REVOCA la decisión dictada por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, de fecha 29 de Septiembre de 2003. Se declara COMPETENTE para conocer la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas YRENY PIANEGONGA Y MIRROTH GÓMEZ, en su condición de defensoras del ciudadano JOSÉ LUIS TORRES OVIEDO. Declara INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional. No hay condenatoria en costas, por la naturaleza misma del amparo. Contra esta decisión se presenta el derecho de apelar dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del presente texto íntegro dentro del lapso legal, y vencido éste, sin que ninguna de las partes hubiere ejercido dicho derecho, se ordena remitir inmediatamente las actuaciones a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la consulta legal, a que se contrae el artículo 35 de la ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Se CONFIRMA la decisión dictada el 08 de Febrero de 2004, por el Tribunal Noveno de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal que expidió Mandamiento de Habeas Corpus, a favor de la ciudadana KATERIN CAROLINA JARABA FERRER.

Se CONFIRMA la decisión dictada el 07 de Febrero de 2004, por el Tribunal Noveno de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal que expidió Mandamiento de Habeas Corpus, a favor de los ciudadanos EDWIN JOSE YEPEZ Y JOSE GREGORIO VALERO

Se CONFIRMA en los términos expuestos la decisión dictada el 04 de Febrero de 2004, por el Tribunal Noveno de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal que expidió Mandamiento de Habeas Corpus, a favor del ciudadano ANTONIO VAZQUEZ ORELLANA.

Se CONFIRMA en los términos expuestos la decisión dictada el 01 de Febrero de 2004, por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal que expidió Mandamiento de Habeas Corpus, a favor del ciudadano RAMON DARIO RODRIGUEZ.

En esta misma fecha presente en la Sala de Despacho del Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, el Abg. José Gregorio Martínez, Juez de Ejecución N° 2, expuso: Por cuanto fui Defensor del penado Rafael Isidro Guaido Crespo, es por lo quien expone basado en razones de ética y moral, procede a inhibirse del conocimiento del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 ordinal 7° del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena pasar la presente causa a otro Juez de Ejecución y la remisión de las actuaciones a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 95 y 96, ejusdem, a los fines legales consiguientes.

Se declara CON LUGAR LA INHIBICION planteada por el Juez Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio, Dr. Domingo Martínez, por estar debidamente fundamentada y acreditada la causal invocada, contenida en el numeral 7º del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal.

Realizada la revisión de las anteriores actuaciones, y habida consideración que en la presente causa las alegaciones y recaudos presentados por las partes contenientes con ocasión de la reestructuración del crédito hipotecario presentada por la accionante, implican sin lugar a dudas elementos de carácter técnicos financieros, materia de un dictamen que establezca de manera precisa el saldo del crédito reestructurado objeto de la ejecución de hipoteca que se demanda en el presente juicio; más allá de las propias formalidades que informan las etapas preclusivas del juicio se plantea la impreterible necesidad por fuerza del principio del establecimiento de la verdad y de la eficacia del proceso de indudable rango constitucional, pues otro sentido no podría dársele al articulo 257 de nuestra carta magna, de la realización de una experticia, máxime si asumimos con toda responsabilidad que la reestructuración presentada y las objeciones hechas por la parte reclamada se producen con ocasión d.....