Por las razones antes expuestas, ESTA SALA Nº 10 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana MARGARITA RODRIGUEZ, Defensora Pública Nonagésima Primera (91ª) Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su condición de defensora del ciudadano FRANCISCO JAVIER MATA OJEDA, contra la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Quinto (45º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 23 de mayo de 2006, mediante la cual negó la solicitud de libertad efectuada por la defensa de conformidad con lo previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia se CONFIRMA la mencionada decisión.

En fuerza de lo expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, una vez verificado que no existe violación de orden público, declara PERIMIDA la instancia, en la querella interpuesta por el ciudadano ALEXIS RAMÓN VÁSQUEZ, asistido por la abogada Joely Torres Colmenares, contra la República Bolivariana de Venezuela-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la reclamación laboral interpuesta por el abogado Luis Guillermo Ojeda Hernández, actuando como apoderado judicial del ciudadano Ángel Ramón Hernández, contra la Contraloría del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, y declina como corresponde en la Jurisdicción Laboral, a la que se ordena remitir la presente causa, concretamente a la Oficina Distribuidora de Expedientes de la Jurisdicción Laboral.

En fuerza de lo expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, una vez verificado que no existe violación de norma de orden público, declara PERIMIDA la instancia en la querella interpuesta por el abogado ANTONIO J. FERMIN GARCÍA, actuando como apoderado judicial del ciudadano RAFAEL VERA.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la reclamación laboral interpuesta por el abogado Luis Guillermo Ojeda Hernández, actuando como apoderado judicial del ciudadano Williams Ernesto Zamora, contra la Contraloría del Municipio Bolivariano Libertador, y declina como corresponde en la Jurisdicción Laboral, a la que se ordena remitir la presente causa, concretamente a la Oficina Distribuidora de Expedientes de la Jurisdicción Laboral.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la reclamación laboral interpuesta por el abogado Luis Guillermo Ojeda Hernández, actuando como apoderado judicial de la ciudadana Doralys Moreno Llovera, contra la Contraloría del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, y declina como corresponde en la Jurisdicción Laboral, a la que se ordena remitir la presente causa, concretamente a la Oficina Distribuidora de Expedientes de la Jurisdicción Laboral.

Se admiten las pruebas documentales contenidas en el Capítulo I del escrito de promoción de pruebas, en cuanto ha lugar en derecho y no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva. Promueve en el Capitulo II prueba de informe, a los fines de que el Ministerio de Educación y Deportes informe de manera precisa sobre los insumos y lineamientos por ellos empleados para el cálculo de las prestaciones sociales de la querellante y en razón de cuales, se obtuvieron las cantidades que señalan en el finiquito. El Tribunal niega su admisión, toda vez que lo que solicita el promovente consta en autos a los folios 10 al 20 del expediente, por tanto resultaría inoficioso requerir la información solicitada, y así se decide.

En fuerza de lo expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, una vez verificado que no existe violación de norma de orden público, declara PERIMIDA la instancia en la querella interpuesta por el ciudadano ÁNGELO ENRIQUE RODRÍGUEZ PEÑA asistido por el abogado MANUEL MARCANO NARVÁEZ, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO INDEPENDENCIA DEL ESTADO MIRANDA.

DECISIÓN Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el abogado LUIS DOMMAR PELLICER, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 66.000, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MANUEL ALBERTO NUÑEZ CHACON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº.966.158, por interpusieron Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA (INGEOMIN).

DECISIÓN Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el abogado CASTO MARTIN MUÑOZ MILANO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 3072, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano TOBIAS TORRES ALBORNOZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.765.628, en contra del Ministerio de Agricultura y Tierras. En consecuencia se ordena el pago de las siguientes cantidades: Primero: Se ordena cancelar el reintegro por la cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL VEINTIDOS BOLIVARES CON DIECISEIS CENTIMOS (Bs. 4.320.022,16), indebidamente descontada, más los intereses que dicho capital ha debido generar desde el momento en que fue ilegalmente descontado y hasta la .....