Se declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.

declara: QUE EN EL PRESENTE CASO SE HA VERIFICADO LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en consecuencia se declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA y PERIMIDO EL PROCESO, ASI COMO LA CITA EN GARANTÍA.

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos de hecho y derecho anteriormente expuestos esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley emite los siguientes pronunciamientos: 1. Declara admisible el escrito contentivo de la inhibición planteada por la abogada Yeliz Jiménez Omaña, Juez Décimo Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, fundamentada en el artículo 86.7 del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa signada bajo el Nº J-17-471-08, seguida al ciudadano Hany Elias Khawan Rabat. 2. Declara admisibles las pruebas presentadas por la abogada Yeliz Jiménez Omaña, Juez Décimo Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, y en tal sentido se acuerda fijar la declaración del abogado Juan Carlos Hadid, para el día lunes 22 de septiembre de 2008, a las once de la mañan.....

ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana Abogada GUADALUPE CHAVARRIA, en su condición de Defensora del Penado VAL JOSÉ CUMBERVACHE LEZAMA, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Noveno (9°) de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 14 de julio de 2008, mediante la cual Negó al Penado VAL JOSÉ CUMBERVACHE LEZAMA la Conmutación del Resto de la Pena en Confinamiento, a tenor de lo pautado en el artículo 56 en relación con el artículo 100 del Código Penal.

CAPITULO VI PARTE DISPOSITIVA Este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio y No 9º UNIPERSONAL del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: CONDENA al acusado de autos CONTI CAMPORESE LUCIANO, de nacionalidad venezolano, lugar de nacimiento Italia, nacido en fecha 02/10/1945, de estado civil casado, de profesión u oficio comerciante, residente de Colinas de Bello Monte, y titular de la cédula de identidad N° V.- 3182873, a cumplir la pena de CUATRO AÑOS (04) AÑOS DE PRISIÓN POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTAFA SIMPLE CONTINUADA previsto y sancionado en el artículo 464 en concordancia con lo dispuesto en los artículos 83 y 99, todos del Código Penal vigente para la época de la comisión del hecho punible, y a tenor de lo previsto en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal.....

DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MANUEL PINTO SILVA, Defensor del ciudadano JUAN UBALDO RAMIREZ CALDERON, y en consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 456 eiusdem, se ANULA la sentencia dictada por el en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en fecha 28 de Mayo de 2008, en virtud de la cual CONDENO al mencionado ciudadano por la comisión de los delitos de ALTERACION NOCIVA DE SUELOS, TOPOGRAFIA Y PAISAJE Y ACTIVIDADES EN UN AREA BAJO REGIMEN DE ADMINISTRACION ESPECIAL, previstos y sancionados en los artículos 43 y 58 de la Ley Penal del Ambiente y se ordena de conformidad con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 457 del Código Orgánico Procesal, la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un Juez de Juicio de este mismo Circuito Judicial, distinto del que la pronunció.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la presente querella funcionarial, interpuesta por las Abogados OFELMINA LOZANO VARGAS y YAMILETH ALBORNOZ BELMONTE, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 81.770 y 76.373, respectivamente, actuando en el carácter de apoderadas judiciales del ciudadano JOSÉ GREGORIO RANGEL RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 11.060.709, contra el DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS por órgano de la POLICÍA METROPOLITANA, por pago de diferencia de prestaciones sociales. 2.- INADMISIBLE POR CADUCA la querella funcionarial interpuesta, conforme a lo dispuesto en el Quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artí.....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1. CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadano DIANA LUCCHESI DE TRUJILLO, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° Nº 4.273.921, representada por la abogada Teresa Herrera Risquez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 1.668, contra el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, por concepto de reajuste de pensión de jubilación. 2. SE ORDENA al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS proceda al recálculo de la pensión de jubilación correspondiente a la ciudadana Diana Lucchesi De Trujillo, para lo cual deberá tomar en consideración conceptos siguientes: prima por razones de servicio, bono por evaluación de desempeño, bono único de eficiencia, bono de productividad e incentivo a la buena labor.

Se declara CON LUGAR la pretensión de COBRO DE BOLÍVARES. Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida en la litis, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. A los fines de determinar la suma adeuda por concepto de intereses, se ordena practicar experticia complementaria al fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, por un solo perito.

Se declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.