Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella por diferencia de prestaciones sociales interpuesta por la ciudadana MARIA MARGARITA PEREIRA HERNANDEZ, antes identificada, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano EDGAR DAVID REVILLA FONSECA, también identificado, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación. En consecuencia, SE ORDENA al organismo querellado pagar los intereses moratorios causados por el retardo en el pago de las prestaciones sociales desde el 01 de octubre de 2003 (fecha de culminación de la relación funcionarial) hasta el 08 de noviembre de 2006, (fecha de pago); para cuya determinación SE ORDENA realizar Experticia Complementaria del Fallo de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano JESUS ELOY PARRA, titular de la cédula de identidad Nº 7.179.078, asistido por el abogado José Dolores Zambrano, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 17.984, contra la Providencia Administrativa N° 469-05 de fecha 29 de julio de 2005, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, que declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el actor contra la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE); SEGUNDO: CONFIRMA el acto administrativo impugnado.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de amparo constitucional por los ciudadanos JUAN CARLOS CALDERA LOPEZ, JUAN CARLOS GODOY PEÑA y RODOLFO GODOY PEÑA, antes identificados, actuando en representación de la ciudadana ONEIDA JAQUELINE TROCONIS, también identificada, contra el Acto Administrativo contenido en la Decisión R-No. 439-2006 de fecha 01 de junio de 2006, dictado por el Rector de la Universidad Central de Venezuela.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Juan Anato Santos y Pablo Jesús Briceño Ruiz, apoderados judiciales de la ciudadana GLADYS DEL CARMEN DIAZ, titular de la cédula de identidad N° 6.449.278, contra el acto administrativo contenido en la Resolución DM/Nº 252 de fecha 29 de diciembre de 2006, emanada del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: INADMISIBLE la medida cautelar de amparo solicitada conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Jeans Marilik Garrido Rodríguez, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Junta Directiva del SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION (SUNEP-NUTRICIÓN), contra el Acto Administrativo contenido en la Notificación recibida en la sede de dicho Sindicato el fecha 15 de febrero de 2007, emanada de la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición. SEGUNDO: INADMISIBLE el recurso de nulidad interpuesto, por haber operado la caducidad para su interposición, de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.