Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA del recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al jerárquico en fecha 17 de diciembre de 1997, contra la Resolución N° HGJT-A-490 de fecha 26 de abril de 1999, emanada de la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declaró Inadmisible el recurso jerárquico interpuesto contra la planilla de liquidación Nº 03-10-26-004233, de fecha 04 de agosto de 1997, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del mencionado Servicio Autónomo, por la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS MIL BOLIVARES SIN CÉNTIMOS (162.000,00), actualmente expresados en CIENTO SESENTA Y DOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 162,00), por concepto de multa.

Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA del recurso contencioso tributario interpuesto en fecha 28 de junio de 2005, contra la Resolución N° 2574-2005 de fecha 04 de mayo de 2005, emanada de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, la cual impuso sanciones por la cantidad total de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 64.208.261,93) ahora expresados en la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (Bs.F. 64.208,26), por concepto de impuesto, multa e intereses moratorios.

Este Tribunal en vista que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada

Este Tribunal Décimo Cuarto (14°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Transición del Circuito Judicial de Protección de Niños Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, impartiendo justicia en nombre de la República y por la autoridad de la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 514 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, da por consumado el desistimiento del presente procedimiento y le da carácter de cosa juzgada

En el día de hoy 20/06/13 se procedió a dictar sentencia mediane la cual se declaró: CON LUGAR, la demanda por FIJACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN incoada por la ciudadana JESSICA CAROLINA MUCHACHO ONTIVERO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-17.074.171, ya identificada, en su carácter de progenitora del niño SE OMITEN DATOS CONFORME AL ART. 65 DE LOPNNA, contra el ciudadano MARCELO JOHAN GONZALEZ, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de Identidad Nro. V-16.099.853.

UNICO: LA HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO TRANSACCIONAL, presentado en fecha diecisiete (17) de junio de dos mil trece (2013), al cual se le confiere efecto de cosa juzgada. Así se decide.- Así mismo, se declara concluido el presente procedimiento y luego de transcurridos cinco (5) días hábiles siguientes a la presente fecha, sin que esta decisión haya sido objeto de recurso alguno, se procederá a ordenar el cierre informático y el archivo del expediente. Así se establece.-

UNICO: LA HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO TRANSACCIONAL, presentado en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), al cual se le confiere efecto de cosa juzgada. Así se decide.-

Vistas las exposiciones de las partes, la del representante de la Fiscalía del Ministerio Público y del representante de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, el Tribunal deja constancia que agotó todas las vías conciliatorias, sin extralimitarse en sus facultades y sin actuar con abuso de poder, y en aras de salvaguardar la integridad física de sus integrantes, acata el pedimento del Ministerio Público y de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en cuanto al desacato, lo cual acarrea la SUSPENSIÓN de la presente medida. Igualmente, se ordena remitir copias certificadas de la presente acta, a los Organismos antes identificados, al Tribunal de la causa y al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, a los fines de que tengan conocimiento de lo aquí actuado y se acuerda mantener la presente comisión en sus archivos, hasta tanto el Juez de la causa decida la incidencia presentada.

El presunto agraviado ejerce acción de Amparo Constitucional contra el JUZGADO DÉCIMO NOVENO DE MUNICIPIO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en fecha 09 de mayo de 2013, por lo que este Tribunal ADMITE cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y aplicando la decisión vinculante dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1º de febrero de 2000 (caso Mejía-Sánchez). En consecuencia, se ordena la notificación de la parte presuntamente agraviante el JUZGADO DÉCIMO NOVENO DE MUNICIPIO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, PARA QUE EN EL LAPSO DE NOVENTA Y SEIS (96) HORAS SIGUIENTES A LA ULTIMA NOTIFICACIÓN QUE SE PRACTIQUE, se fijará oportunidad para que se verifique la Audiencia Constitucional Oral y Pública. Asimismo, se ordena librar oficio al Fiscal del Ministerio Público de Turno del Área Metropolitana de Caracas, acerca de la apertura del presente proced.....

Así la cosas, acoge este Juzgador el criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, conforme a lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, y lo aplica al caso sub examine. En consecuencia, en virtud de la naturaleza de la medida preventiva solicitada, y sin prejuzgar el fondo del asunto, aun cuando no está obligado el peticionante de amparo a probar la existencia del fumus boni iuris, ni del periculum in mora, no es menos cierto, que el hecho de acordar o no la medida cautelar solicitada, depende del sano criterio, así como de las máximas de experiencias del juzgador; y en el caso que nos ocupa de un examen detenido de los hechos narrados por la representación judicial de la presunta agraviada, así como del análisis de las actas procesales, se evidencia la existencia de una situación que requiere la utilización por parte de este Órgano Jurisdiccional de sus poderes cautelares, por lo que quien aquí decide declara PROCEDENTE DECRETAR MEDIDA CAUTELA.....