Existiendo inactividad de la parte actora por más de un año, es decir desde la última actuación de la actora (18/03/2010) hasta el día de hoy, se cumplen los extremos del Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y resulta forzoso para quien Juzga declarar la perención de la instancia. Así se establece.

Es importante observar, que los vicios denunciados se refieren a las operaciones lógicas del funcionario en la apreciación de los hechos; y en la aplicación del Derecho, lo que requiere el examen profundo de lo controvertido. Por lo tanto, no es evidente en autos la apariencia del buen derecho invocado y acordar la medida equivaldría a "prejuzgar sobre la decisión definitiva", contrariando lo dispuesto en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por lo expuesto, este Tribunal niega la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares ya identificado.

En el presente caso, los vicios imputados al acto administrativo son la errónea apreciación de los hechos y falso supuesto de Derecho, que no tienen rango constitucional, por no estar previstos en los artículos 26, 49 y 257 del Texto Fundamental, no cumpliéndose los extremos exigidos en el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por otra parte, la verificación de tales vicios, exige analizar las pruebas y el fondo de la controversia, lo cual no es posible en vía cautelar constitucional, conforme al Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por lo expuesto, y visto que no se observa violación directa del Texto Fundamental, ni el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Artículo 5 Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se declara improcedente la solicitud de amparo cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado. Así se decide.