señala que los mismos no son objeto de prueba, toda vez que el Juez está obligado a analizar todo lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos

Visto igualmente el escrito de pruebas presentado por el abogado, RAMON HUERTA GIUSTI, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 11.220, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), se admiten las pruebas documentales promovidas cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva, por no ser las mismas manifiestamente ilegales ni impertinentes, a excepción del mérito favorable de los autos promovido, toda vez que el Juez está obligado de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, a analizar todo lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos.

En cuanto a las documentales promovidas en el Capítulo Único del escrito de pruebas de la parte recurrente, así como las promovidas en el numeral 1 del escrito de la parte recurrida, se señala que las mismas no son objeto de promoción, toda vez que el Juez está obligado de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, a analizar todo lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos. En lo atinente a las pruebas documentales promovidas en el numeral 2 del escrito presentado por la parte accionada, este Tribunal por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes las admite salvo su apreciación en la definitiva, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCO el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana OLGA CASTRO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 641.872, debidamente asistida por las abogadas LUISA GIOCONDA YASELLI y LAURA CAPECCI D., inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 18.205 y 32.535, contra "vía de hecho", configurada por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, por haberla sacado de la nómina y suspendido el pago de su sueldo, sin acto administrativo alguno, encontrándose de reposo médico, expedido y tramitada la Planilla 14-08 para incapacidad ante el IVSS, además de haber solicitado su jubilación con los requisitos de tiempo de servicio y edad requeridos.....