Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad con suspensión de efectos interpuesto por el abogado NICOLA BAGORDO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 101.734, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil SERVICIOS FAVOLCAR, C.A, antes identificada, contra la Certificación de Salud por Enfermedad Ocupacional declarada por parte del Médico Especialista en Salud Ocupacional, Dr. Raniero E. Silva F., en el expediente Nº MIR 29-IE09-0198, signada con el Nº 0394-10 del ciudadano CARLOS LEONARDO CARRERO PANQUEVA, titular de la cédula de identidad Nº V-9.346.122 de fecha 05 de mayo de 2010, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Miranda (DIRESAT), del Instituto de Preven.....

Vistos los escritos de pruebas presentados por los abogados ANA GRACIELA QUINTERO, ZURIMA ALICIA HERNANDEZ GUZMAN, WILSON TOMAS VARGAS GARCIA, EVELYN VERÓNICA FUMERO MILIAN, ISMAR ZULBETH RODRÍGUEZ SALAS y YONNY FERNANDO CALDERA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 58.904, 45.165, 105.645, 83.924, 130.444 y 110.035, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la FUNDACIÓN CARACAS (FUNDACARACAS), plenamente identificada en autos y parte querellante en la presente causa; y por la abogada EMMA YUDITH BORGES TORO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 77.091, actuando en su carácter de apoderada judicial de la empresa INGENIERIA M.A., C.A, plenamente identificada en autos, y parte querellada en la presente causa; este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de las mismas en los siguientes términos:

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, resuelve: Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa número Nº 182-2009, de fecha 23 de marzo de 2009, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO "JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ TENORIO" CON SEDE EN GUATIRE, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, solicitada por el abogado YORBIS MELO ARTEAGA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 160.547, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA VIALPA, S.A. debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 04 de marzo de 1974, bajo el número 33, Tomo 27-A.-

Visto los escritos de pruebas presentados por la abogada ANA CAROLINA MOLINA BRACHO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 45.179, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano FAVEL VAISBERG, titular de la cédula de identidad N° V-5.047.379, parte recurrente; la abogada MICHELLE KING ALDREY, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 138.285, actuando en su carácter de apoderada judicial del MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, parte recurrida; y el abogado HENRY YAMIL CALIL, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 66.876, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana TRINY DE FRANCO, titular de la cédula de identidad N° 2.128.790, Tercera Voluntaria, todo en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por el ciudadano FAVEL VAISBERG, antes identificado, contra el MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, en virtud del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 980, de f.....

En relación a la solicitud de los pagos retroactivos correspondientes al ascenso a la jerarquía superior inmediata, este Órgano Jurisdiccional observa que como consecuencia de no haber probado la Administración que el querellante reprobó los cursos para merecer su ascenso, debe el Instituto pagar al querellante retroactivamente la diferencia de sueldo entre ambos cargos, vale decir entre el cargo de Agente y Detective, de conformidad con el contenido de las cláusulas 5 y 10 de la transacción firmada por el querellante y el Instituto querellado, y homologada por este Juzgado en la fecha supra mencionada, y el pago de los intereses moratorios generados por el retraso en el pago de los mismos.- El referido pago debe realizarse desde el 31 de diciembre de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2006, tomando en cuenta que la fecha límite para el otorgamiento del ascenso pactado era el día 31 de diciembre de 2001, y que el mismo se materializó en fecha 1º de enero de 2007. Y a los fines de dete.....