Por la razones que anteceden, esta Sala Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio con Competencia en Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada ISLAMIC LOPEZ NOGALES, Defensora Pública (E) Séptima (7º) con competencia especial en delitos de violencia de genero del Área Metropolitana de caracas, actuando con el carácter de Defensora del ciudadano LUIS CARLOS MENDOZA GAMARRA, contra la sentencia mediante la cual el Juzgado Primero (1º) de Primera de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 13 de mayo del año 2009, condenó al mencionado ciudadano, a cumplir la pena de nueve (9) años y tres (3) meses de arresto, por l.....

V DISPOSITIVA A la luz de los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos, PRIMERO: DESESTIMA LA NULIDAD denunciada en el punto previo del presente recurso de apelación. SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por los Profesionales del Derecho CARLOS MATA DÍAZ y ALBERTO YÉPEZ DE DOMINICIS, Abogados en ejercicio y de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 74.730 y 99.405, respectivamente, actuando en su carácter de defensores privados del ciudadano VICTOR ANTONIO CRUZ WEFFER, con fundamento en lo establecido en el artículo 447 numerales 4° y 5° del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Cuarto (4°) de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, de fecha 23 d.....

El Tribunal observa que desde la fecha de la última actuación cumplida hasta la fecha del presente auto, ha transcurrido un lapso superior a un (1) año, sin que se hubiera realizado actuación alguna que tienda a la prosecución del proceso, por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA y así se decide. Archívese el expediente sustanciado en la oportunidad correspondiente.

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Octavo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación de la parte actora en contra del auto de fecha 20-07-2009, emanado del Juzgado 24º de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas; SEGUNDO: Se Modifica el auto apelado en su contenido; TERCERO: SE DECLARA QUE no fue debidamente notificada la FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD del lapso de 90 días continuos para acudir a la Audiencia Preliminar otorgado a la Procuraduría General de la República, previstos en el articulo 96 del Decreto con Rango, Valor Y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se declara la nulidad del acta levantada en fecha 06-05-2009 (folio 39) y d.....

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por Autoridad de la Ley dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara con lugar el recurso de revisión planteado por el Defensor Público Octavo (8°) con competencia Plena en Fase de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, abogado Gerardo Roye, en su carácter de defensor del ciudadano Ely Francisco Romero Suárez, en contra de la sentencia dictada el 25 de julio de 2001, por el Juzgado Trigésimo Cuarto (34°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual condenó al mencionado ciudadano a cumplir la pena de dieciocho (18) años y nueve (9) meses de presidio por la comisión del delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el artículo 408 ordinal 1° en relación con el artículo 77 ordinales 11.....

Este Juzgado de conformidad a lo establecido en los artículos 89, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de su Reglamento, artículos 1973 y siguientes del Código Civil; así como el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil; acuerda impartirle la HOMOLOGACIÓN a dicha transacción en los términos en que fue expuesta; dándole efectos de la Cosa Juzgada; en consecuencia, se declara terminado el presente proceso y se ordena el cierre y archivo del expediente. Se deja sin efecto oficio N° 25134/09 de fecha 21 de septiembre de 2009. Expídanse dos (02) copias certificadas del escrito transaccional y de la presente Resolución.

Este Juzgado de conformidad a lo establecido en los artículos 89, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de su Reglamento, artículos 1973 y siguientes del Código Civil; así como el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil; acuerda impartirle la HOMOLOGACIÓN a dicha transacción en los términos en que fue expuesta; dándole efectos de la Cosa Juzgada; en consecuencia, se declara terminado el presente proceso y se ordena el cierre y archivo del expediente. Se deja sin efecto oficio de fecha 08 de octubre de 2009.

Este Juzgado de conformidad a lo establecido en los artículos 89, numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de su Reglamento, artículos 1973 y siguientes del Código Civil; así como el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil; acuerda impartirle la HOMOLOGACIÓN a dicha transacción en los términos en que fue expuesta; dándole efectos de la Cosa Juzgada; en consecuencia, se declara terminado el presente proceso y se ordena el cierre y archivo del expediente. Se deja sin efecto oficio de fecha 29 de julio de 2009.

En consecuencia, este juzgador considera que lo procedente y ajustado a derecho, en el caso de autos, es solicitar previamente a la presente solicitud de Únicos y Universales Herederos, la rectificación de las actas de nacimiento signadas con los números 353 y 247 pertenecientes a las ciudadanas MAGALI MARGARITA TORRES y GLADIS MERCEDES TORRES, actas cursantes a los folios 11, 12 y 20 del expediente, y además, se debe incluir a los ciudadanos que no se indican en la solicitud, CÉSAR DANIEL TORRES y LUIS ALBERTO TORRES, quienes no están representados por ninguno de sus hermanos o por abogado alguno; y no evidenciándose de los documentos anexos al escrito de solicitud pruebas fehacientes para declarar a los solicitantes como Únicos y Universales Herederos del causante, por existir disparidad en los nombres tanto en el escrito de solicitud como en los documentos anexos a la misma, este Tribunal declara INADMISIBLE la solicitud formulada. Así se decide.- EL JUEZ NELSON GUTIERREZ CORNE.....

CON LUGAR la demanda por solicitud de otorgamiento de la jubilación incoada por la ciudadana URBANA SOJO contra el COLEGIO DE MÉDICOS DEL ESTADO MIRANDA, ambas partes identificadas al inicio de la presente sentencia. SEGUNDO: Se ordena a la parte demandada a otorgar la jubilación a la parte accionante, sobre la base del 100% del salario percibido a la fecha de finalización de las labores, equivalente a Bs.F 1.534,71 mensual, de acuerdo con lo previsto en la cláusula cuadragésima primera de la Convención Colectiva de Trabajo del Colegio Médico del Estado Miranda, tomando en consideración los incrementos salariales que se generen producto de las contrataciones colectivas, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo urbano, según lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.