Este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados en ejercicio de este domicilio NEUMAN CUELLAR y MERCEDES BENGUIGUI, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 26.809 y 24.956, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano ORLANDO JOSÉ PINTO PACHECO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 13.614.442, contra la Providencia Administrativa signada con el número 326-07, de fecha 27 de noviembre de 2007, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Vargas. En consecuencia: PRIMERO: se declara la nulidad de la Providencia Administrativa signada con el número 326-07, de fecha 27 de noviembre de 2007, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Vargas. SEGUNDO: se ordena la reincorporaci.....

este Tribunal ordena, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, notificar a los ciudadanos DOMINGO ANTONIO TARAZONA MANTILLA, ya identificado, y al Gobernador del Estado Miranda ENRIQUE CAPRILES RADONSKI, a fin de que comparezcan por ante este Tribunal al quinto (5to.) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado la última de las notificaciones, a las once de la mañana (11:00 a.m.), mediante Oficios que en tal sentido se ordena librar, para dilucidar y solucionar el conflicto que plantea el diligenciante. Líbrese oficio y boleta de notificación con transcripción del presente auto.

se ordena librar Oficio a la Alcaldesa del Municipio el Hatillo del Estado Miranda, para que informe en un lapso no menor de diez (10) días continuos contados a partir de la constancia en autos de haberse practicado su notificación, el estado actual en que se encuentran los trámites pertinentes para hacer efectivo el pago de los sueldos dejados de percibir que le corresponden a la querellante, anteriormente identificada, so pena que en caso de contumacia, el Tribunal procederá a remitir las actuaciones al Ministerio Publico para que inicie las averiguaciones a que haya lugar por desacato a la autoridad, todo ello conforme al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Líbrese Oficio con trascripción del presente auto.

Admisión de Pruebas

ordena el cierre del presente expediente y su remisión a la oficina de Archivo Judicial.