Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: UNICO: Inadmisible la demanda presentada por la sociedad civil RAVGO & ASOCIADOS Consultores Jurídicos contra la sociedad mercantil GTME DE VENEZUELA, C.A., por no cumplir con los presupuestos procesales para ser sustanciada por el procedimiento monitorio o por intimación

Ahora bien, de una revisión de los recaudos consignados como instrumentos fundamentales de la demanda, no consta que la parte solicitante haya probado fehacientemente en autos el Periculum in mora y el Fumus bonis iuris a que se refiere el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la sola afirmación de la parte actora, no es prueba suficiente para demostrar tales extremos, sin que ello constituya pronunciamiento al fondo de lo controvertido. Por tales motivos se niega la medida cautelar preventiva de embargo solicitada por la representación judicial de la parte demandada. ASÍ SE DECIDE.-

Ahora bien, de una revisión de los recaudos consignados como recaudos fundamentales de la demanda, no se constata que la parte solicitante haya probado fehacientemente en autos el Periculum in mora y el Fumus bonis iuris a que se refiere el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto su sola afirmación no constituye prueba suficiente a efectos de decretar la medida, sin que ello constituya pronunciamiento al fondo de la constroversial. Por tales motivos se niega la medida cautelar preventiva de embargo solicitada por la representación judicial de la parte demandada. ASÍ SE DECIDE.-

este Juzgado sin perjuicio de terceros de igual, o mejor derecho, conforme con lo establecido en los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil, declara como HEREDEROS del decujus, ZULAY DEL CARMEN ASTUDILLO RAMIREZ, quien era venezolana, mayor de edad, de este domicilio, quien en vida era titular de la cedula de identidad Nº V-10.516.947; a los ciudadanos HECTOR JOSE LOZANO y HECTOR JOSHUE LOZANO ASTUDILLO

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: ÚNICO: CON LUGAR la solicitud de aclaratoria de la sentencia emanada de este Juzgado en fecha 30 de abril de 2010, solicitada por la parte actora en el juicio seguido por el ciudadano Raúl Vallejo Obregón contra Instituto Autónomo de Policía del Municipio El Hatillo.-

Por otra parte, este Juzgador tiene atribuida exclusivamente competencia en materia laboral, por lo que, no puede proveer sobre el desistimiento de acciones ajenas a la misma. En consecuencia una vez vencido el lapso de cinco (05) días para recurrir la presente decisión, este Juzgado dará por terminado el presente procedimiento y se ordena el cierre y archivo del expediente. Así se establece. En consecuencia, este Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, después de revisar exhaustivamente dichos escritos, así como el poder que cursa inserto a los folios (20) al (23), del presente asunto, en el cual se acredita el carácter de la representante legal de la parte demandada, y sus facultades expresa para desistir y transigir en el presente juicio. Así mismo comprobando por este Juzgador, que los referidos escritos transaccionales, cumplen con los requisitos exigidos e.....

DECLARA SIN LUGAR, el Recurso de Apelación incoado por el DR. JOSÉ JOEL GÓMEZ CORDERO, quien se desempeña como Abogado en ejercicio de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado con el número 57.049 y asiste en la presente causa como su Defensor Privado a la ciudadana FELIXABETH VANESSA PEÑA YUONGO, titular de la cédula de identidad N° V-14.071.987, a quien la DRA. ISABEL TERESA LABRADOR, actuando en representación de la Fiscalía del Ministerio Público número sesenta y ocho (68) del Área Metropolitana de Caracas, le imputara la comisión del delito de PECULADO, previsto y sancionado en el Artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción, ejercido como fuera para impugnar la decisión emanada del Juzgado de Primera Instancia número dos (2) en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 07/05/2.010, en la cual entre otros pronunciamientos DECRETA LA MEDIDA PREVENTIVA JUDICIAL PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, puesto que ninguno de los vicios denunciados .....

En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: CON LUGAR la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO interpuesta por el BANCO MERCANTIL, C.A. (BANCO UNIVERSAL) contra la Sociedad Mercantil RATTAN PACIFIC, C.A., y contra los ciudadanos MANUEL FERREIRA DOS SANTOS y YULY DEVIDES CARABALLO, ambas partes ampliamente identificadas en el encabezamiento de esta decisión; por cuanto la Defensora Judicial de los últimos no acreditó en autos la excepción por excelencia mediante la acreditación del pago reclamado en su debida oportunidad. Segundo: Como consecuencia de lo anterior, condena a la parte demandada a pagar a la parte actora la cantidad de Dos Mil Quinientos Diecinueve Bolívares c.....

En todo caso, de la declaración de los testigos que hizo comparecer la solicitante, se evidencia que el fallecido tenía hijos, a quienes se les debe respetar la legítima. El dicho de los testigos merece fe a este Tribunal para al menos presumir que es cierta la existencia de hijos sobrevivientes al difunto RODRIGO JOSÉ PASTORA. En consecuencia, es imposible que habiendo hijos, se declare como única y universal heredera del causante a una sola persona, que aparentemente es también la madre de los hijos del causante. La materia sucesoral está revestida de orden público, lo cual no puede ser vulnerado por este Tribunal. Por las razones que anteceden, se declara la improcedencia de la solicitud interpuesta, por ser contraria al orden público

DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: Se ADMITEN las pruebas documentales que fueran anexadas a la presente incidencia, por la Abogada MARÍA DEL PILAR PUERTA F., Jueza Cuadragésima Novena de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, quien se inhibiera de conocer de la causa seguida a los ciudadanos MARIELA JOSEFA ARAUJO ALVARENGA, DIAZ CASTRILLO ANA EDUVIGIS, SAAB MADRIZ SUBGEY ALEJANDRÍA y otros, con base en la causal 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.