REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL. Caracas, Veinticuatro (24) de Octubre de Dos Mil Siete (2007). 197° y 148° Vista la diligencia presentada en fecha Veintidós (22) de Octubre de Dos Mil Siete (2007), suscrita por el Abogado CARLOS CASTRO BAUZA., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 52.985, actuando en su carácter de Apoderado de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA DENTAL SEGURITE 9000, C. A., de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 20 de marzo de 1990, bajo el Nº 24, Tomo 70-A-PRO, según consta de Poder autenticado por ante la Notaria Publica Cuadragésima Quinta del Municipio Libertador del Distrito Capital, de fecha 25 de junio de 2007, anotado Nº 38, Tomo 40 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaria, el cual cursa en autos, mediante la cual expuso: "......

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda de Indemnización de Daños, morales, materiales y lucro cesante, incoada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO RANGEL CORONEL contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (INSETRA). SEGUNDO: Se condena a la parte actora al pago de las costas procesales, por haber sido totalmente vencida en el presente juicio.

En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara, CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa incoada por el Abogado JOSE CASTILLO SUAREZ, inpreabogado Nº 30.911, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil ALFARERIA ALBA C.A., contra las Providencias Administrativas Nº 222-05 y 421-05 de fechas 29/04/2005 y 22/08/2005 respectivamente, dictadas por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DEL ESTADO MIRANDA, en consecuencia se ORDENA el archivo del presente expediente.

este Órgano Jurisdiccional HOMOLOGA DESISTIMIENTO planteado por la parte actora, de conformidad con lo previsto en el Articulo 263 del Código de Procedimiento Civil, y acuerda expedir copias certificadas solicitadas. Y así se decide. Archívese el Expediente.