Se declaró: 1. CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el abogado Orlando Pinto Aponte, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 19.131,en su carácter de apoderado judicial del ciudadano OLLEROS GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 10.540.623, en consecuencia se declara la nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la Resolución Nro. PIT 06/2000, de fecha veintiuno (21) de septiembre de 2000, emanado del INSTITUTO DEL DEPORTE DE COJEDES; y 2. En consecuencia SE ORDENA la reincorporación del querellante a su cargo, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha de su ilegal retiro hasta su reincorporación definitiva al cargo. A los fines del calculo de los mismos se ordena experticia complementaria al fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. 3. INADMISIBLE la pretensión de daños y perjuicios solicitada.

Se declaro CON LUGAR la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la abogado Nancy Padrino Camero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 54.020, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad de comercio TUBO FLEX, C.A., debidamente inscrita por ante Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el día 21 de junio de 1984, bajo el Nro. 15 Tomo 38-C. En consecuencia se ORDENA la suspensión de los efectos de la Providencia Administrativa N° 000-149-2005, de fecha 13 de junio de 2005, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Autónomos Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra del Estado Carabobo, hasta tanto se decida el presente recurso contencioso administrativo de anulación.

Se declaró IMPROCEDENTE la acción de AMPARO CONSTITUCIONAL CAUTELAR solicitado por la querellante; Y CON LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana MARIA FELIPA JIMÉNEZ MARQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 3.919.046, asistida por la abogada BETZAIDA PACHECO, inscrita en el IPSA bajo el N° 39.715, en contra del MUNICIPIO SAN JOAQUIN DEL ESTADO CARABOBO.

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la querella funcionarial por cobro de prestaciones sociales y otros beneficios interpuesta por la ciudadana IDALIA M. PEREZ DE REYES, en contra de la CAMARA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LOS GUAYOS DEL ESTADO CARABOBO y de la JUNTA PARROQUIAL LOS GUAYOS.

Por todas las consideraciones anteriores, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, NO ACEPTA la competencia que le fue declinada y declara COMPETENTE al Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a donde se ordena remitir el expediente.