En la Demanda por Cumplimiento de Contrato de Obra y Fianza conjuntamente con Medida Cautelar de Embargo y Prohibición de Enajenar y Gravar, interpuesta por la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por Órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (hoy MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO) representada por los abogados Norely Manrique Castillo y Juan María Prado Hurtado, inscritos en el IPSA bajo los números 21.058 y 3.007 respectivamente contra la sociedad mercantil DYANCA C.A., y contra la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRAC.A. Este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital declaró: Su INCOMPETENCIA para conocer de la referida Demanda; DECLINÓ la competencia del presente asunto a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; ORDENÓ la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ GREGORIO HIDALGO, titular de la cédula de identidad Nº V-9.661.020, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA. Este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARÓ: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del referido Recurso de Apelación; 2.-SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado a quo, en fecha 7 de octubre de 2024. 3.-Se CONFIRMÓ la decisión dictada en fecha 7 de octubre de 2024, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.