Verificados estos argumentos, así como las circunstancias fácticas excepcionales para acudir a la acción de amparo sin agotar las vías ordinarias establecidas en el ordenamiento jurídico, este juzgador observa que en el presente asunto la pretensión de amparo se encuentra dentro de uno de esos casos específicos en los que debe dársele procedencia y además preferencia frente a los procedimientos ordinarios para atacar la presunta lesión constitucional aducida por la querellante. Lo anterior tiene su fundamento, en que dada la reiterada e insistente urgencia invocada por la ciudadana YOLIMAR JOSEFINA FREITEZ en base al posible agravamiento de su estado de salud, queda evidente que el uso de otros medios o procedimientos, en virtud de la premura de la situación que la afecta, no dará satisfacción a la pretensión deducida. De igual manera, dadas las circunstancias particulares del caso y de manera excepcional, se estima que en el presente asunto la recurrente puede sufrir una des.....

Así pues, quien juzga puede observar que el accionante en su pretensión de cautelar, se limita a peticionar dicha acción, haciendo alusión a posibles daños y perjuicios futuros, pero sin efectuar señalamiento expreso de los daños patrimoniales extra legem que le origina la vigencia del acto administrativo, del cual se pretende suspender sus efectos, ni por qué serían de imposible y difícil resarcimiento. De igual manera asume responsabilidades subjetivas y objetivas derivadas del Informe de Inspección, la cual en criterio de quien decide, no implica tal responsabilidad, entendiendo esta instancia que lo apreciado por el funcionario de inspección no produce de pleno la imposición de multa, ya que esto solo es posible a través del procedimiento sancionatorio en el cual debe formar parte la accionante. Aunado a ello, en forma evidentemente contradictoria e incongruente, se requiere la suspensión de efectos de un acto administrativo relativo a un reenganche y pago de salarios caídos que en.....

Por ende, de las actas se aprecia que la notificación practicada al ciudadano PEDRO JOSÉ LUCAS QUEVEDO y a la ciudadana SOFÍA CRISTINA QUEVEDO no brindaba la garantía que las mismas se efectuaron en apego a lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la decisión N° 0811 de 8 de julio de 2005 emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, por no haberse verificarse en autos vinculación alguna de estas personas naturales con la dirección en que fue fijado el cartel de notificación en fecha 14 de julio de 2014. Así se establece.- Destacado el defecto en la notificación del ciudadano PEDRO JOSÉ LUCAS QUEVEDO y la ciudadana SOFÍA CRISTINA QUEVEDO, siendo que el plazo para comparecer a la Audiencia Preliminar es único y uniforme para todas las partes del proceso, se confirma la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Esta.....

Entonces, como la providencia administrativa que se pretende ejecutar, fue dictada en fecha 22 de julio de 2013; resulta plenamente aplicable el artículo 4 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) antes referido, correspondiendo al Inspector del Trabajo a agotar sus nuevas competencias en materia de ejecución. Por todo lo anterior, queda evidenciado que existen vías ordinarias para ejecutar la providencia en sede administrativa, las cuales debe agotar, para poder acudir a los órganos jurisdiccionales; resultando forzoso para quien aquí decide ratificar la inadmisibilidad de la pretensión de amparo constitucional interpuesta, conforme a lo previsto en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y así se decide. Lo decidido, encuentra además, su basamento jurisprudencial en la citada decisión N° 428 de fecha 30 de abril de 2.013, en la que de forma expresa se señaló que "en los casos que se susci.....

De igual manera, el accionante en su pretensión de amparo cautelar, se limita a peticionar dicha acción, haciendo alusión a posibles daños y perjuicios futuros, pero sin efectuar señalamiento expreso de los daños patrimoniales concretos que le origina la vigencia del acto administrativo, del cual se pretende suspender sus efectos, ni por qué serían de imposible y difícil resarcimiento, así como asume responsabilidades subjetivas y objetivas derivadas del informe en cuestión, sobre el cual no se ha declarado en esta sede, su validez y apego al ordenamiento jurídico vigente. En igual sentido, respecto al perículum in mora, dadas las circunstancias anteriores, se desvanece la presunción grave de daño inminente de orden constitucional que merezca la especialísima tutela invocada. En consecuencia, verificado como fue que el solicitante del amparo cautelar, no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues si bien.....