Este Tribunal, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de la trabajadora, ni normas de orden público, decide HOMOLOGAR EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada. Ordenando que se archive el expediente. Es todo.-

TERCERO: La falta de provisión de fondo de los cheques entregados, dará derecho a la parte actora a pedir la ejecución forzosa de la presente acta de mediación, más las costas de ejecución. Este Tribunal, visto que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, decide HOMOLOGAR EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada.

De la norma citada se desprende que, el Justificativo Judicial es un requisito que deben presentar las personas que estén interesadas en registrar un vehículo usado que no haya sido inscrito en el Registro Nacional de Vehículos; de manera que dichas disposiciones no se ajustan a este caso en particular, puesto que existe y se evidencia en el folio 6 de las presentes actuaciones el Certificado de Registro de Vehículo a nombre del ciudadano DOMINGO ANTONIO QUERO. Es evidente que, el procedimiento invocado por el solicitante es para inscribir un vehículo no registrado y este ya se encuentra inscrito en el registro respectivo; motivo por el cual debe ser declarada Inadmisible la presente solicitud. Y ASI SE DECIDE.----------------------------------------- Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la presente solicitud conforme a los dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedim.....

PRIMERO: La culpabilidad del ciudadano FREDDY DANIEL VARGAS MOLINA, de cedula de identidad Nº 15.885.664, por la comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLOGICA, previsto y sancionado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. SEGUNDO: de conformidad con lo establecido en la ley respecto a la imposición de penas, las cuales consagran para de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA, en su primer aparte, establece una pena de Seis (06) a Dieciocho (18) meses de prisión y la aplicación del artículo 37 del Código Penal, el término medio aplicable es de Un año (01) año. Ahora bien, en virtud de que el tribunal tiene el deber de hacer una rebaja de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, en su cuarto aparte, que señala lo siguiente: "el Juez o Jueza deberá rebajar la pena aplicable desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse". En base a la exposición del acusado, esta juzgadora, realizó l.....

Este Juzgado por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, declara la separación de cuerpos por mutuo consentimiento, por estar fundamentada en causa legal.

DECISION Con fundamento en lo precedentemente expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: Con lugar la solicitud de Colocación Familiar presentada por los ciudadanos Astrid Antonieta Rodríguez y Daniel José Lameda contra la ciudadana Iris Agesita Espinoza Plaza. En consecuencia, se les concede a dichos ciudadanos la Colocación Familiar de la niña (Omitido de conformidad con lo establecido en la norma del articulo 65 LOPNNA). y por consiguiente, se les otorga la Responsabilidad de Crianza de la misma, quienes serán los responsables de ella ante las personas naturales y jurídicas, sean éstas privadas o públicas. Se le advierte a los solicitantes que podrán trasladarse con la niña dentro del territorio nacional sin autorización especial.....

DECISIÓN En mérito de las anteriores consideración, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, en el presente juicio de EJECUCIÓN DE HIPOTECA, seguido por el ciudadano JORGE CRISTO MOLINA LEÓN, contra los ciudadanos CARMEN JOSEFINA PORTILLO y JESUS ALBERTO DE PAOLA PORTILLO, todos plenamente identificados en autos. Se condena en costas a la demandante por haber resultado vencida en la interposición de la demanda, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Se declara TÍTULO SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD de las bienhechurías antes descritas que ejerce la ciudadana FRARLIN ESPINOZA RODRIGUEZ, antes identificada. Se hace la salvedad que el presente Título se declara exclusivamente sobre las bienhechurías identificadas en el escrito de solicitud, dejándose expresa constancia que los derechos de los solicitantes por medio de esta actuación judicial, no generan en modo alguno derechos sobre el terreno en el cual han sido construidas.

declara TITULO SUPLETORIO DE POSESIÓN Y DOMINIO, a favor de LIXANDRA ESTRELLA RODRIGUEZ PERAZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-23.849.536

Este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de la ciudadana ISLEYER CAROL MENDOZA DIAZ, antes identificada sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.