recibido en este Tribunal el 26 de marzo del año en curso, previa distribución, se admite el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad cuanto ha lugar en derecho por no estar incurso en las causales de inadmisibilidad contenidas contenidas en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

Primero: Declararse incompetente para conocer y decidir de la Demanda (Nulidad de Acta de Asamblea) interpuesta por la ciudadana Yajaira Tovar de Souto, titular de la cédula de identidad Nº 3.919.023, en su carácter de Directora General del Servicio Autónomo Nacional, Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), asistida por el profesional del derecho Pablo E. Bufanda A., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 39.956, contra la ciudadana María Milagros Toro Landaeta, titular de la cédula de identidad Nº 6.826.487. Segundo: Plantear conflicto negativo de competencia. Tercero: Remitir el expediente judicial ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a fin que conozca de la Regulación de Competencia y determine cuál de los Tribunales es el llamado por ley para la resolución de la presente controversia

Primero: Declara Inadmisible el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales), incoado por el ciudadano Ronald Golding Monteverde, profesional del derecho inscrito en el Instituto de revisión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nº 57.225, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano José Alexis Ramírez Vivas, titular de la cédula de identidad Nº V- 2.554.204, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación; por haber operado la caducidad de la acción. Segundo: Por cuanto la presente decisión se dicta dentro del lapso legal se hace inoficioso practicar la notificación de la parte querellante. Decisión que se dicta a tenor de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.