Por las razones anteriormente expuestas este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGADA LA TRANSACCIÓN celebrada en fecha 30 de marzo de 2017, el abogado Juan Pablo Hernández, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 124.535, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SEGUROS CARONÍ, S.A., y la abogada Yolimar Ribot, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 109.630, actuando en representación del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS). SEGUNDO: SE DEJA SIN EFECTO la medida de embargo decretada sobre los bienes propiedad de las demandadas, acordada por este Tribunal mediante decisión publicada el 29 de octubre de 2015.

En mérito de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ARACELIS APONTE, titular de la cédula de identidad Nro. V-3.476.905, representada por los abogados Rafael Pérez Moochett e Igor David Martínez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 27.064, y 75.235, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución Nro. 710 del 14 de mayo de 2015, dictada por la Fiscal General de la República, mediante la cual se resolvió remover y retirar a la querellante del cargo del cargo de Fiscal Vigésima Octava (28) del Ministerio Público, del Área Metropolitana de Caracas, y contra el oficio Nro. DSG-26149 del 14 de mayo de 2015, a través del cual se le notificó sobre la resolución ut supra mencionada.