En merito de lo anterior, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara LA PERDIDA DEL INTERES PROCESAL Y EN CONSECUENCIA EL ABANDONO DEL TRAMITE, en el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana IVAN REINA MALPICA antes identificada, debidamente asistida por la abogada ANA C. MOLINA P, inscrita en el Inpreabogado bajo el N°. 61.647, contra la Resolución N° 04-00-03-4-026 de fecha 24 de abril de 1996, emanada de la Unidad de Recursos Administrativos contra los reposos de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y notificada el día 12 de junio de 1996.

En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Decimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA contentivo de la querella funcionarial interpuesto por el abogado CORNELIO JESÚS VILLEGAS GUTIERREZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 83.874, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano CARLOS ANTONIO CABELLO, titular de la cédula de identidad N° 19.728.048 contra el GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA.

Por la motivación que antecede este Tribunal Superior Décimo en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ LUIS RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad N° 10.096.669, representado judicialmente por la abogada ROSA VIRGINIA GARCÍA VELÁZQUEZ, en su carácter de Defensora Pública Tercera (3ra) en materia Administrativa, Contencioso Administrativa y Penal para Funcionarios y Funcionarias Policiales, adscrita a la Unidad Regional del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Guarenas – Guatire, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 144.736, por cobro de diferencias de sueldos derivados de la reducción del salario y su incidencia en los beneficios derivados de la Ley del Estatuto de la Función Policial. En consecuencia: PRIMERO.....

En merito de lo anterior, este Tribunal Superior Decimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara LA PERDIDA DEL INTERES PROCESAL Y EN CONSECUENCIA EL ABANDONO DEL TRAMITE, en el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano ESTEBAN MATA SILVA, representado judicialmente por el abogado MANUEL ASSAD, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 31.580, contra la Resolución N° 04-00-03-04-093, de fecha 31 de agosto de 1998, notificado el 15 de septiembre de 1998, reformatoria del Reparo N° 05-00-05-106 del 06 de abril de 1998, mediante la cual se impone el pago de la cantidad de VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLIVARES CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 22.374.989,96) dictada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Por la motivación que antecede, este Tribunal Superior Décimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana MARYLIS LEONOR MOLINA, titular de la cedula de identidad N° 7.497.682, representada judicialmente por los abogados ATILIO AGÉLVIZ ALARCON y KLÉBER ARGENIS AGELVIS PORRAS, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 4.510 y 46.233, respectivamente; contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA, por el pago complementario de las prestaciones sociales. En consecuencia: PRIMERO: SE ORDENA a la Docencia dependiente de ese Despacho Ministerial reconocer toda la antigüedad en el servicio de la Administración Pública por espacio de 25 años aproximadamente, a los fines del cómputo de sus Prestaciones Sociales.....