Se declaró PROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar presentada por el abogado DAVID SANOJA RIAL, en representación de la sociedad de comercio SERVIPRO, C. A., y por ende, SUSPENDE LOS EFECTOS del acto administrativo constituido por el auto de fecha 28 de julio de 2004, dictado por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra del Estado Carabobo, hasta tanto se produzca la sentencia definitiva en el procedimiento contencioso administrativo de anulación.

Se declaró: 1. IMPROCEDENTE la pretensión de amparo constitucional cautelar adminiculado al recurso contencioso administrativo de anulación. 2. CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el abogado Wilfredo Requena, inscrito en el IPSA bajo el Nº 67.273, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana EDITH VERENZUELA DE CAMERO, identificada con la cédula Nº 6.094.996 en contra del acto administrativo contenido en la Resolución N° 2001-074, de fecha cinco (05) de junio de 2001, emanada de la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO YARACUY.

Se declaró: 1. IMPROCEDENTE la pretensión de amparo constitucional cautelar adminiculado al recurso contencioso administrativo de anulación. 2. CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el abogado Wilfredo Requena, inscrito en el IPSA bajo el Nº 67.273, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana LETICIA FUSCO, identificada con la cédula Nº 5.465.345 en contra del acto administrativo contenido en la Resolución N° 2001-074, de fecha cinco (05) de junio de 2001, emanada de la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO YARACUY.

Se declaró: 1. IMPROCEDENTE la pretensión de amparo constitucional cautelar adminiculado al recurso contencioso administrativo de anulación. 2. CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el abogado Wilfredo Requena, inscrito en el IPSA bajo el Nº 67.273, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana LISBETH SIFONTES, identificada con la cédula Nº 7.593.467 en contra del acto administrativo contenido en la Resolución N° 2001-074, de fecha cinco (05) de junio de 2001, emanada de la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO YARACUY.