Este Tribunal en aras de amparar el derecho a la defensa y el debido proceso consagrados y protegidos en nuestra Ley Fundamental, de conformidad con lo establecido en el articulo 514 del Código de Procedimiento Civil, acuerda dictar el presente AUTO PARA MEJOR PROVEER en el que se establece lo siguiente: Notifíquese mediante boleta al ciudadano Fiscal (de turno) Del Ministerio Publico Del Área Metropolitana De Caracas, junto con copia certificada del libelo, auto de admisión y del presente auto, a los fines que tenga conocimiento de estas actuaciones...

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara EXTEMPORÁNEA la solicitud de aclaratoria o ampliación realizada por el abogado Jaime Gómez, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante el ciudadano JAIVER RENE PADRÓN AYALA, anteriormente identificados y el abogado Daniel Paiva, ut supra identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DE SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA (POLISUCRE). Y en consecuencia se declara definitivamente firme la decisión dictada por este Tribunal en fecha 06 de abril de 2017, mediante la cual declaró "HOMOLOGADO el CONVENIMIENTO DE PAGO" en los términos expuesto por las partes.

Por las razones expuestas, este TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: -ÚNICO: Se declara INADMISIBLE por configurarse inepta acumulación de acciones en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Fabián Chacón López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 11.645, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARÍA MERCEDES MENDOZA ARAUJO, titular de la cédula de identidad Nº V-6.014.501, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), conforme lo establecido en la parte motiva de este fallo.

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por la abogada Marisela Cisneros Añez, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado con el Nro. 19.655, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana KATERY MAYBETH CASTRILLO GUILLEN, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-17.115.562, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial en contra del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO.

DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADA la transacción judicial (Convenimiento), de fecha 02 de marzo de 2017, en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, por los abogados Daniel Paiva, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 66.640, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DE SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA; y Jaime Feliciano Gómez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 129.387, actuando en su carácter de apoderado judicial de JHONNY ENRIQUE HERNÁNDEZ GUARENA, ello con fundamento en la motiva del presente fallo.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el abogado Rafael Eduardo Guerra Hidalgo, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 174.894, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana NILDA MARÍA RAMÍREZ DE MONTOYA , venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.084.760, en contra del acto administrativo de remoción contenido en la providencia administrativa Nº 16.0460, de fecha 18 de julio de 2016, dictado por la junta administradora del INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME).

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Primero: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana NEILA ALCIRA REYES ASSAD, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.414.172, asistida por el Abogado Manuel Assad Brito, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No 31.580, en contra del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD. SEGUNDO: Se ORDENA el pago de la diferencia de las prestaciones sociales adeudadas a la actora desde el 1º de enero de 2001, fecha de su reingreso al Ministerio del Poder Popular para la Salud, hasta el 31 de marzo de 2015, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente fallo, así como el pago del fideicomiso de las prestaciones sociales desde el 1º de enero de.....

En fuerza de los razonamientos y consideraciones antes expuestas, este Tribunal Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: CON LUGAR la demanda de TACHA por via principal propuesta por la GABRIEL CHUCHANI DAVARA, GRACIELA CHUCHANI DAVARA, JACOBO CHUCHANI DAVARA, ANA CHUCHANI DAVARA DE KLEIN, integrantes de la Sucesión de YAIR JACOB SHUSHANI (CHUCHANI) y por ROSA ALZAIBAR DE CHUCHANI, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-207.722, V-66.499, V-972.400, V-984.341 y V-298.765, respectivamente, contra el ciudadano OMAR FLORES DUGARTE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-3.567.951. SEGUNDO: Se declara FALSO el documento de fecha 17 de febrero de 1988, autenticado por ante la Notaría Pública Prim.....

Dispositivo: En fuerza de todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Parcialmente con lugar el recurso de apelación de la parte actora contra la decisión del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Juicio de este mismo Circuito Judicial, de fecha, dos (02) de mayo de dos mil diecisiete (2017), la cual queda modificada en los términos de esta decisión. SEGUNDO: Parcialmente con lugar la demanda interpuesto por, MARÍA MARITZA GARCÍA de GÓMEZ, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 19.400.638; contra la entidad de trabajo, LABORATORIOS LA SANTE, C.A. inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha, 27 de marzo de 1958, bajo el N° 4.....

Por las consideraciones expuestas, este Juzgado Cuarto (4) Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley HOMOLOGA EL ACUERDO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS ENTRE LAS PARTES. Finalmente, se enfatiza que la manifestación de voluntad expuesta en el acuerdo en cuestión, constituye, por una parte, la materialización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y por la otra una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, de acuerdo a sus capacidades y, que por tanto, deben cumplir las obligaciones contraídas en el convenio suscrito, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131, 135, 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se declara concluido el presente.....