Acoge este Tribunal doctrina de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual asienta que las causales de inadmisibilidad constituyen normas de eminente orden público; siendo ello así, este Juzgador hace uso del amplio poder de apreciación, del cual está investido, para examinar elementos que no hayan sido observados por las partes, o bien que aún siéndolo, tal como ocurrió en este caso, hayan podido escapar del análisis previamente realizado por el propio tribunal.

Ahora bien, advierte el Tribunal que la alegación efectuada se fundamenta en una situación fáctica que la contribuyente recurrente no prueba. En consecuencia, el Tribunal se ve en la obligación de declarar la procedencia de las multas impuestas, por el hecho de no tener ninguna prueba que compruebe lo expresado por la contribuyente. Así se declara.