En virtud de las consideraciones previamente expuestas y dado que el amparo cautelar no se encuentra fundamentado en lo que constituye el fondo de la pretensión de nulidad, sino que tiene carácter homogéneo, es forzoso para este Juzgador declarar con lugar el amparo y suspender los efectos de la providencia Nº 0261 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, sede Barquisimeto Centro, de fecha 1 de marzo de 2006 y así se decide. Como consecuencia de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, este Tribunal acuerda:

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara sin lugar la solicitud de Medida Cautelar y la consecuente suspensión de efectos, intentado por TRAKI SAU PLUS C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, bajo el N° 3, tomo 28-A-Pro, de fecha 06 de julio de 2004, a través de su apoderado judicial abogado ANGEL FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, titular de la Cédula de Identidad N° 1.165.372, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 3.029, en el juicio de Recurso de Nulidad.

Por las razones arriba expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA para ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del presente juicio y ordena remitir el presente expediente signado bajo el número KP02-S-2005-6447 a la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia.

este Tribunal HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO SUSCRITO POR LA PARTE RECURRENTE, PROCEDE COMO SENTENCIA PASADA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA, DA POR TERMINADO EL PROCESO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

este Tribunal TIENE COMO REALIZADO EL CONVENIMIENTO, antes mencionado. Igualmente solicita copia certificada de la diligencia y del presente auto, este Tribunal acuerda expedir copia certificada solicitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia expídase la copia certificada de lo solicitado. Archívese el expediente una vez conste en auto la cancelación pendiente. Así se declara, Administrando Justicia, Actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley.

En consecuencia, este Tribunal, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente acción y en consecuencia: PRIMERO: DECLINA LA COMPETENCIA ante uno de los Tribunales Superiores de Jurisdicción Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por tratarse la presente de una causa mercantil. SEGUNDO: REMITIR CON OFICIO el presente asunto a la Unidad Receptora de Documentos Civil, el presente asunto a los fines de su distribución. Así se declara. Désele salida bajo oficio.

Por todas estas razones declara Con Lugar la presente oposición y ordena a la recurrente, prestar la caución exigida otorgada pura y simple por una Institución Bancaria debidamente acreditada ante la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, como ha quedado establecido en la cantidad de VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 26.938.464,00), lo que equivale a ochocientos un mil setenta y cuatro unidades tributarias (801.74UT), a satisfacción de este Tribunal, dentro de los diez (10) días siguientes a que conste en autos la notificación de la parte recurrente, so pena de declarase decaída la medida cautelar de suspensión de efectos acordada y, en consecuencia, revocada por motivo del desistimiento o abandono efectuado por parte del peticionante.

En consecuencia, este Tribunal, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente acción y en consecuencia: PRIMERO: DECLINA LA COMPETENCIA ante uno de los Tribunales Superiores de Jurisdicción Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por tratarse la presente de una causa mercantil. SEGUNDO: REMITIR CON OFICIO el presente asunto a la Unidad Receptora de Documentos Civil, el presente asunto a los fines de su distribución. Así se declara. Désele salida bajo oficio. El Juez (fdo) Dr. Horacio González Hernández. La Secretaria (fdo) Abog. Sarah Franco Castellanos. La suscrita, Secretaria del Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de la sentencia dictado por este Tribunal en fecha 30/03/2006, en el asunto signado con el N° KP02-R-2005-2156, seguido por BAC.....

Por las razones arriba expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA para ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del presente juicio y ordena remitir el presente expediente signado bajo el número KP02-S-2005-8403 a la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara sin lugar la solicitud de Amparo Cautelar y petición de suspensión de efectos, intentado por Sociedad Mercantil Embotelladora Terepaima, C.A, a través de su apoderada judicial abogada MARIA PATRICIA HERNANDEZ GRATEROL, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, titular de la Cédula de Identidad N° 14.094.913, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 90.467, en el juicio de Recurso de Nulidad.