En virtud de las razones que preceden, esta Sala Cuatro de la Corte Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 173 y 190 del Código Orgánico Procesal Penal, declara la nulidad absoluta de la decisión dictada el 1 de noviembre de 2007, por el Juzgado Trigésimo Tercero (33°) de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la audiencia preliminar, mediante la cual admitió la acusación fiscal con respecto del delito de Apropiación Indebida Calificada, previsto y sancionado en el artículo 468, en relación con el artículo 466 del Código Penal, y decretó la suspensión condicional del proceso. SEGUNDO: Declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por los Fiscales principal y auxiliar, Quincuagésimo Séptimo (57°) del Ministerio Público a Nivel Na.....

Con fundamento en los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, DECLARA SIN LUGAR, conforme lo previsto en el artículo 96 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la inhibición planteada por los abogados Oswaldo Reyes Camacho, Elsa Janeth Gómez Moreno y Belkys Alida García, en su condición de Jueces integrantes de la Sala Nº 2 de esta Corte de Apelaciones, y en razón a ello, deberá la citada Sala resolver el recurso de apelación planteado el 13 de diciembre de 2007, por los abogados Hertzen A. Vilela Sibada y Juan Luis González Taguaruco, en su condición de defensores de la ciudadana Vilma del Valle Jergueta Javier, contra la decisión dictada el 6 de diciembre de 2007, por el Juzgado Décimo de Juicio de este Circuito Judicial Penal. .....

En razón de lo expuesto, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 08 de noviembre de 2007, por los abogados José Ramón Díaz Ortiz y Moralia Moreno Volcán, en su condición de apoderados judiciales del ciudadano Ricardo Alvarez de Lugo Chapellín, y en consecuencia CONFIRMA la decisión dictada el 31 de octubre de 2007, por el Juzgado Cuadragésimo Noveno de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual declaró sin lugar la revocatoria de la medida cautelar sustitutiva de libertad impuesta a la ciudadana Trina Mercedes García Aguaje, el 12 de septiembre de 2006.

A tal efecto, esta Sala a fin de dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, a objeto de emitir pronunciamiento de fondo en atención al recurso interpuesto, considera necesario fijar la audiencia para oír a las partes, a que se contrae el primer aparte del artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando fijada la misma para el lunes 18 de febrero del año que discurre, a las once de la mañana (11:00.am).-

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, “administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley”, de conformidad con lo previsto en el encabezamiento del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal ADMITE el recurso de apelación presentado por el abogado Jorge Paredes Hany, en su condición de defensor de los imputados Luis Ernesto Peraza León, Reinaldo José Sánchez Torres y Henry Yovanny García Bustos, en contra de la decisión dictada el 20 de diciembre de 2007, por el Juzgado Quincuagésimo (50°) de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la audiencia de presentación de imputado, mediante la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad a sus defendidos, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 numerales 1, 2 y 3; 251 numerales 2 y 3 y 252.2 del Código Orgánico Procesal Penal.