Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el ciudadano Rafael Teodoro Aquino, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 6.050.096, representado por la abogada Mónica Chávez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 70.910, contra la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda.

En merito de lo anterior, éste Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Inadmisible la presente acción de amparo constitucional ejercida por el Abogado HUMBERTO DECARLI, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 9928, en su carácter de Apoderado Judicial del Ciudadano ERIQUE ALBERTO MARTÍNEZ TAMAYO, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº 4.772.490, interpone Acción de Amparo Constitucional contra el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, por la presunta vulneración de los derechos al trabajo, a la seguridad social y a los principios de retroactividad y progresividad de la Ley, presuntamente lesionados a causa de la jubilación de oficio efectuada por la mencionada institución.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Julia Elena Cabrera de Ávila, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 4.056.466, representada por la abogada Mónica Chávez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 70.910, contra la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Julia Elena Cabrera de Ávila, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 4.056.466, representada por la abogada Mónica Chávez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 70.910, contra la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda.