Es importante observar, que el vicio denunciado contra la providencia administrativa es el falso supuesto de hecho e inmotivación, lo cual requiere el análisis de las probanzas; por lo que pronunciarse en vía cautelar sobre tales señalamientos equivale a prejuzgar sobre la decisión definitiva, no siendo evidente en autos la apariencia del buen derecho invocado, por lo que no se encuentran cubiertos los extremos previstos en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por lo expuesto, este Tribunal niega la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares ya identificado.

Ante las afirmaciones del accionado, conviene a este Juzgador aclarar que para la determinación del salario rige el principio de primacía de la realidad, que expresamente contiene el Artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo (aplicable en razón del tiempo), en el que cualquier remuneración sea cual fuere su denominación y método de cálculo se considerará salario, así como los subsidios y facilidades que otorgue el empleador al trabajador con el propósito de obtener bienes y servicios que mejoren su calidad de vida y la de su familia. Así las cosas, convenida la remuneración variable de la trabajadora, la carga de la prueba de su monto y forma de cálculo correspondía a la parte demandada, a tenor de lo previsto en el Artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo cual ha sido confirmado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (véase por todas, Sentencia Nº 287-10, 24-03) [...] Entonces, si bien es cierto que la trabajador.....

Del acuerdo transaccional presentado, se evidencia que luego de recalcular los conceptos pretendidos, se estableció como monto definitivo transaccional la cantidad de Bs. 29.000,00, con lo cual quedan satisfechos los beneficios laborales pretendidos; no evidenciándose menoscabo de los derechos irrenunciables del trabajador comprendidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Así se establece En virtud de la aceptación de la parte demandante en el pago ofrecido por la demandada y aclarados los puntos controvertidos, este Tribunal procede a homologar la transacción celebrada entre las partes por cumplir los extremos de Ley, ya que una vez analizados los puntos se observó el cumplimiento de las prestaciones irrenunciables de todo trabajador. Así se decide.

Del escrito libelar y sus recaudos se evidencia que no indicó el correo electrónico del demandante si lo tuviere; ni consignó la certificación de cumplimiento de la providencia administrativa, conforme lo establece el Artículo 425, Nº 9, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores; razón por la cual se le concedió tres (03) días a partir de la fecha del referido auto, a tenor del Artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Como ya se dijo, la parte actora no subsanó el escrito libelar tal como lo ordenó este Juzgado; ahora bien, vista que la información requerida forma parte de los requisitos establecidos en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para su respectiva admisión, resulta forzoso para este Tribunal declarar la inadmisibilidad de la demanda, a tenor de lo establecido en el Artículo 36 eiusdem. Así declara.

Del acuerdo transaccional presentado, se evidencia que luego de recalcular los conceptos pretendidos, tomando en cuenta el cumplimiento de algunos beneficios efectuados durante la relación y excluyendo los conceptos extraordinarios pretendidos; se estableció como monto definitivo transaccional la cantidad de Bs. 90.000,00, con lo cual quedan satisfechos los beneficios laborales generados; no evidenciándose menoscabo de los derechos irrenunciables del trabajador comprendidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Así se establece En virtud de la aceptación de la parte demandante en el pago ofrecido por la demandada y aclarados los puntos controvertidos, este Tribunal procede a homologar la transacción celebrada entre las partes por cumplir los extremos de Ley, ya que una vez analizados los puntos se observó el cumplimiento de las prestaciones irrenunciables de todo trabajador. Así se decide.

Ahora bien, visto que la falta de jurisdicción puede ser solicitada en cualquier estado y grado del proceso, conforme a lo previsto en el Artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, del cual el Juez Segundo de Sustanciación debió pronunciarse y resolver la incidencia, mediante el segundo despacho saneador, previsto en el Artículo 134 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los fines de depurar los defectos del proceso, se ordena reponer la causa al estado de que el mismo resuelva la falta de jurisdicción planteada, conforme a lo previsto en el Artículo 245 el Código de Procedimiento Civil. Así se decide.