Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PERIMIDA LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con lo estipulado en el artículo 267 Código de Procedimiento Civil, en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesta por la abogada CONCEPCIÓN OLIMPIA FERMÍN MUÑOZ, LUISA FLORES DE REYES y ELIZABETH ARRIOJAS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 30.109, 21.238 y 29.135, actuando en su condición de apoderada judicial de la ciudadana ELDA MIREYA SUAREZ DE SAYAGO, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-3.191.428, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI).

Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ GABRIEL ORTEGA JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° 21.395.790, debidamente asistido por la abogada Marisela Cisneros Añez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 19.655, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO, por cuanto se observa que esta ejercía un cargo de libre nombramiento y remoción. Asimismo, se CONFIRMA el Acto administrativo, dictado mediante Resolución N° MPPSP/DGD/N°2355 de fecha 19 de diciembre de 2016, por el citado Ministerio. En consecuencia pasa este juzgador a precisar el contenido del dispositivo en el presente fallo: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el re.....

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE QUERELLANTE PRIMERO: Con respecto a las pruebas documentales promovidas por la parte querellante en su escrito de prueba, este Juzgado las ADMITE, por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales, ni impertinentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva que recaiga en la presente causa, de conformidad en lo previsto en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Así se establece. DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE QUERELLADA SEGUNDO: En cuanto a las pruebas documentales consignadas por la parte querellada, este Juzgado las ADMITE, por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales, ni impertinentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva que recaiga en la presente causa de conformidad en lo previsto en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por los abogados RICARDO ARTURO NAVARRO URBAEZ , ENRIQUE JOSÉ CHACON BRETO Y SALVADOR ANTONIO LUQUE GODOY, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.085, 41.762 y 154.750, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JULIO CESAR CONTRERAS, titular de la cédula de identidad Nº V-6.526.245, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. SEGUNDO: Se ORDENA al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS realizar el recalculo de las prestaciones sociales del ciudadano JULIO CESAR CONTRERAS en el cual incluya en el salario normal el Bono de Productividad, y previa deducción de lo ya cancelado se le CANCELE las diferencias arrojadas. TERCERO: Se ORDENA al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS proceda a la revisión, homologue y ajuste .....

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PROCEDENTE la Medida cautelar planteada por el ciudadano CARLOS YAHEN ROJAS VAZQUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 19.464.574, asistido por el abogado RICHARD JOSÉ SILVA MENDOZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 88.770, en su condición de Defensor Público Provisorio sexto (6to) con competencia en materia Administrativa, Contencioso-Administrativo y Penal para los Funcionarios y Funcionarias Policiales del Área Metropolitana de Caracas, contra el acto administrativo contenido en la Decisión Nº 258-16, Expediente Disciplinario Nº D-000-422-15, dictado por los integrantes del Consejo Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (C.P.N.B) Dirección Nacional, suscrito por el ciudadano MGB. FRANKLIN HORACIO GARCIA DUQUE, en fecha.....

Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara EL DECAIMIENTO DE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL propuesta por las IRAIDA MARGARITA BAEZ ZABALA y LOAIZA DÍAZ DE ATENCIO, titulares de la cédula de identidad Nros: 3.637.324 y 4.698.604, respectivamente, debidamente representadas por los abogados RAFAEL ELOY APONTE RODRIGUEZ, ILDEMARO ROJAS CORDERO y EDUARDO LEÓN PUCHI abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros: 12.584, 5.997 y 12.586, respectivamente, en contra del DIRECTOR DEL CENTRO AMBULATORIO "EL LUCERO" adscrito al MINISTERIO DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.