De manera que el urbanismo es, indudablemente, uno de los campos en donde se ve muy claramente que el Estado, al intervenir tiene que afectar de alguna manera –y, a veces, muy sensiblemente- las libertades y los derechos individuales de los particulares. Concretamente, cuando el Estado pretende intervenir en las condiciones de realización del desarrollo urbano, esa utilidad colectiva que proporciona, produce una incidencia en la esfera jurídica de los propietarios inmobiliarios; de manera que mientras más acentuada sea la intervención estatal, más limitado (o, al menos, más delimitado) se verá el ejercicio de las facultades propias del derecho de propiedad, pero todo ello tiene como fin satisfacer el interés general, frente a eventuales intereses egoístas individualistas". Con tales premisas en mente, encuentra esta juzgadora que los intereses colectivos representados por el Concejo Comunal de La Boyera, no han podido manifestar ni su vocación de satisfacción con el fallo de fondo .....

Ahora bien, observa este Juzgado que en la decisión de fecha 23 de octubre de 2014, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, se incurrió en un error involuntario al indicar que "... se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Admjinistrativo, el oficio Nº 1179 de fecha 9 de octubre de 2003, emanado del Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, (...)" cuando lo correcto era del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, situación ésta que conllevó a la referida Corte a ordenar la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital que ejerza funciones de Distribuidor. En tal sentido, este Juzgado, a los fines de garantizar el derecho a la defensa de las partes y al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de .....