Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la querella interpuesta por los abogados Jesús Montes de Oca Escalona y Jesús Montes de Oca Núñez, actuando como apoderados judiciales del ciudadano Belarmino Márquez Díaz, titular de la cédula de identidad N° 4.817.890, contra la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda.

En tal sentido, la medida cautelar solicitada resulta IMPROCEDENTE por las razones esbozadas inmediatamente anterior, vale decir, por cuanto la parte demandante no demostró que se cumplieran los supuestos necesarios para declarar la procedencia de la misma y así se decide.

Revisadas como han sido las actas procesales en el presente asunto, este Tribunal observa que dio por recibido y admitió el presente asunto en fecha 14 de agosto de 2007, ordenándose librar cartel y oficio a los efectos de la notificación a la que alude el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. No obstante, desde fecha 23 de septiembre de 2008 no se ha producido impulso alguno por la parte Accionante, en consecuencia no evidencia este Tribunal posterior a dicha fecha, actuación procesal alguna por la parte Demandante, lo cual en definitiva evidencia una falta de impulso procesal. Así se decide.-

Por los razonamientos antes expuestos este JUZGADO DUODECIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la defensa de prescripción de la acción opuesta por la representación judicial de la demandada. TAUREL & CIA. SURCS., C.A., en la demanda por cobro de prestaciones sociales incoada por la ciudadana AVIGAIL SINAL MELENDEZ ALMEIDA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio e identificada con la cédula de identidad N° V.- 12.716.875 en contra de TAUREL & CIA. SURCS., C.A., empresa mercantil debidamente inscrita ante el Registro de comercio que llevaba el antiguo Juzgado de primera Instancia Mercantil del distrito Federal, en fecha 19 de enero de 1949, bajo el Nº 99, Tomo 5-D. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de prestaciones sociales incoada por la ciudadana AV.....

Este Juzgado Niega la prueba de experticia, en virtud de lo preceptuado por el artículo 93 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

Por todo lo anteriormente mencionado, esta Sala Cuatro de Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley declara con lugar, la inhibición planteada por la Abg. Marjorie Maggiolo Díaz, Juez del Tribunal Vigésima novena de Primera instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con base a la causal referida "cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad", del numeral 8 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, publíquese y remítase el presente cuaderno especial al juzgado Duodécimo (12°) en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que conoce la presente causa, y remítase copia certificada de la presente decisión al Tribunal Vigésimo Noveno (29°) de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana.....

DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos con anterioridad, esta Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación intentado por la Abogada ÁNGELA JARAMILLO, en su condición de Defensora del imputado DEYBI ALBERTO FLORES TIRADO. SEGUNDO: DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA de la Audiencia Oral para oír al imputado de fecha 07 de septiembre de 2009 y de los actos consecutivos que del mismo emanaren o dependieren, con exclusión de la presente decisión, manteniéndose incólume la medida de privación judicial preventiva de libertad del ciudadano DEYBI ALBERTO FLORES TIRADO, decretada en fecha 06 de abril de 2006, por el Juzgado Vigésimo Quinto de Control de este Circuito Judicial Penal y se ORDENA la remisión de las presentes actuaciones.....

la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de la trabajadora, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Tercero (3°) Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por expresa autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA, SEGUNDO: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA, TERCERO: SE CONFIRMA EL FALLO RECURRIDO, CUARTO: NO HAY ESPECIAL CONDENATORIA EN COSTAS DADA LA NATURALEZA DEL PRESENTE FALLO, todo en el juicio incoado por la ciudadana MARIA VASCONCELOS contra DISTRIBUIDORA KARINEL, C. A., ambas partes plenamente identificadas a los autos.

VII PARTE DISPOSITIVA En mérito de las consideraciones anteriores, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda por DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por la ciudadana CARLOTA MARIA GARCIA contra la empresa PETROLEOS DE VENEZUELA S.A (PDVSA) e INTEVEP. SEGUNDO: No hay condenatoria en Costas de conformidad a lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. TERCERO: Se ordena la notificación de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.