En virtud de ello, este Tribunal observa que por cuanto el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública remite a la Ley de la Corte Suprema de Justicia, hoy correspondiente a Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de revisar las causales de admisibilidad en casos como el de autos, y dado que la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficia Extraordinaria No. 5991 de fecha 29 de julio de 2010, no establece normativa aplicable al procedimiento contencioso administrativo funcionarial, a los fines de revisar las causales de inadmisibilidad, acuerda aplicar -por remisión de segundo grado- el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así se establece. En consecuencia por cuanto la presente demanda no se encuentra incursa en ninguna de las causales del referido artículo 35 -ello salvo su apreciación en la definitiva-, se ADMITE cuanto ha lugar .....

De acuerdo a la normativa supra descrita y atendiendo plenamente este Tribunal la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se logra apreciar que al querellante de autos le caduco su acción en fecha 17 de octubre de 2.022 respectivamente y siendo que el presente recurso fue interpuesto en fecha 20 de octubre de 2.022, en consecuencia administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de conformidad con el articulo 35 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, se declara INADMISIBLE in limine litis por motivo de caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por los ciudadanos LUIS ARTURO GUTIERREZ PINEDA, OSWALDO JOSE PARICA BOTELLO y ALWUYS ENRIQUE PIÑA CARRILLO, venezolano, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº. V-22.319.731, V-20.176.894, V-22.165.587 de este domicilio; asistido por la Defensora Pública Provisoria Primera en materia Contencios.....

DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Estadal en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la Medida Cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada por la abogada ROSMERY GONZALEZ, inscrita en el IPSA bajo el Nro. 92.480, actuando en nombre y representación de la parte demandante, ciudadanos: MORAIMA PASTORA ASUAJE BRAVO, ALFREDO DE JESUS ASUAJE BRAVO, THANIA JOSEFINA ASUAJE BRAVO Y EDGAR DE JESUS ASUAJE BRAVO, plenamente identificados en autos. Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.