Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, la Juez Temporal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECLARA: PRIMERO: Desistida la acción por enfermedad profesional incoada por la ciudadana LISBETH MERCEDES RAMONES FREITEZ contra ALENTUY C.A y MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A (tercero). SEGUNDO: No hay condenatoria en costas porque el actor alego ingresos inferiores a tres salarios mínimos conforme al Artículo 64 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo.-

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana MARIA ISAURA CAMACARO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 4.373.216, de este domicilio contra la empresa Arepera y Luncheria LA AREPA CUADRADA y el ciudadano RICHARD CONTRERAS titular de la cedula de identidad Nº 9.237.999. Así se decide.-

Como ya se comentó, la parte actora no hizo acto de presencia, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, al momento de anunciarse la audiencia de juicio por el alguacil respectivo; por lo que este Juzgador se ve en la obligación de aplicar los efectos señalados en el Artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en conexión con lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia Nº 810, del 18 de abril de 2006, que permite al trabajador iniciar nuevamente el juicio.

En consecuencia, este JUZGADO PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 31 de enero de 2012, contra la sentencia dictada en fecha 25 de enero de 2012 por el Juzgado Tercero de Juicio del Trabajo del Estado Lara. En consecuencia se CONFIRMA la sentencia recurrida en todas sus partes.

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación formulada por el Abogado JHOEL ORTEGA LÓPEZ, Apoderado Judicial de la parte actora, en contra del auto de fecha 14 de noviembre de 2011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito del estado Lara, que negó la notificación por carteles, en el juicio por COBRO DE BOLÍVARES INTIMATORIO, intentado por DA SILVA LOUREIRO JOSÉ contra PAULO ABEL RODRÍGUEZ y MARÍA MERCEDES FRANCO DE RODRÍGUEZ. En consecuencia, se ORDENA al a-quo librar boleta de notificación. Queda así REVOCADO el auto apelado. De conformidad con el Artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, notifíquense a las partes de esta decisión, líbrese boleta y entréguense al Alguacil, y conforme al Artículo 248 ejusdem, expídase copi.....

En virtud de las consideraciones expuestas previamente, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso intentado en fecha 22 de marzo del 2012 por la parte querellante en contra de la sentencia dictada en fecha 19 de marzo del 2012 por el Juzgado Tercero de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. En consecuencia se REVOCA en todas sus partes la sentencia recurrida y se declara ADMISIBLE el amparo objeto del presente recurso, en razón a lo cual se ordena al Juzgado A-quo continuar con los trámites del recurso de amparo intentado. Se ordena la notificación del Procurador General de la Republica de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

DECISIÓN En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR la apelación interpuesta por el Abogado ZALG ABI HASSAN, Apoderado Judicial de la parte actora, en consecuencia, se declara: PRIMERO: LA NULIDAD de la sentencia repositoria dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de fecha 07 de Junio de 2011 que repuso la causa al estado de Oposición al Decreto Intimatorio. SEGUNDO: SE ORDENA la continuidad del presente juicio en el estado que se encontraba para la fecha del 22 de julio de 2011, cuando el Tribunal advirtió que a partir del 21/07/2011 comenzaba a transcurrir el lapso de promoción de pruebas. Queda así NULO el fallo apelado. De conformidad con el Artículo 251 del Código de Procedimiento Civ.....

Este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, LE IMPARTE LA CORRESPONDIENTE HOMOLOGACIÓN, y así se establece. Téngase el mismo como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada. Se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente.

Lo anterior es suficiente para sostener que dicho medio probatorio sustenta el acto administrativo objeto de impugnación y evidencia la presunción grave del derecho que se reclama y la posibilidad de causar perjuicios económicos al trabajador, conforme al Artículo 223 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. En razón de lo expuesto, se declara improcedente el vicio denunciado.

Igualmente se observa, que en el juicio principal se dictó sentencia declarando la perención de la instancia (como ya se mencionó), decisión que se encuentra definitivamente firme, por no haberse ejercido recurso alguno, siendo evidente el cese de los motivos que fundamentaron la medida decretada sobre el acto administrativo impugnado.