Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada BETZAIDA GARCÍA M., apoderada judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA E INVERSIONES MAKAHER C.A., antes identificadas, contra la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL DEL ESTADO MIRANDA (FUNDAMIRANDA), y declina la competencia en el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, ordenando remitir el expediente a los fines del respectivo pronunciamiento de competencia.

3º Se declara PROCEDENTE la suspensión de los efectos del acto administrativo contenido la Providencia Administrativa de fecha 27 de julio de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana, Distrito Capital, interpuesta por la abogada EIRYS MATA MARCANO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 76.888, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SANITAS DE VENEZUELA S.A., dicha suspensión tendrá vigencia hasta el momento en que se resuelva el presente recurso de nulidad. 4° Se exige a la recurrente una fianza bancaria o de una compañía de seguros por la cantidad de DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLÍVARES (Bs. 12.236.388,00), que equivale a dos años de salarios del trabajador, calculado con base a lo estipulado por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, Distrito Capital, la cual deberá ser presentada dentro de un plazo de diez (10) días de despacho.....

1º Declara PROCEDENTE la suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en el auto y boleta de inscripción del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de Central Madeirense, C.A, (SINBOTRACEMA), de fecha 15 de enero del 2006, emanados de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, del recurso de nulidad interpuesto por la abogada ADALYS OMAÑA CALCINES, actuando en su carácter de apoderada judicial de la empresa RECEPCIONES, FESTEJOS Y BANQUETES EL PRADO, C.A, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 000771, de fecha 19 de noviembre de 2001, emanado de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Miranda.-

Por las razones antes expuestas, éste Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE, para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados REINA MORANDY MIJARES, SACHA ROHAN FERNÁNDEZ CABRERA, LINDA CARALÍ GOITÍA GRACIA, CARLOS ARTURO HERRERA PADILLA y PILAR MERLO GALINDO, antes identificados, actuando en su carácter de Defensoría Delegada del Pueblo, por delegación del ciudadano DEFENSOR DEL PUEBLO, contra el ciudadano JESÚS RODRÍGUEZ, en su condición de FISCAL SEXTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, y declina la competencia en las Cortes de lo Contencioso Administrativo, ordenando remitir el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las mencionadas Cortes, a los fines del respectivo pronunciamiento.

Por las razones antes expuestas, éste Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional interpuesto por el abogado MANUEL JESÚS CHAO MORENO, apoderado judicial del ciudadano MANUEL CHAO REIGOSA, antes identificados, contra el acto administrativo contenido en el memorando Nº 4348, de fecha 02 de marzo de 2006, dictado por la Directora General de Relaciones Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, y ordena remitir el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a fin de que decida sobre el Tribunal competente para conocer de la presente causa.-