Vistas las pretensiones del actor y lo alegado en juicio por la contraparte, es importante señalar la incomparecencia de la demandada a la audiencia de juicio, lo que provoca la presunción de admisión sobre los hechos prevista en el Artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por lo expuesto, este Juzgado procederá a dictar sentencia siguiendo los criterios de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, esto es, verificando que la pretensión no sea contraria a Derecho; con el examen de las pruebas; y la aplicación de los siguientes principios

Como ya se dijo, la parte actora no subsanó el escrito libelar tal como lo ordenó este Juzgado; ahora bien, vista que la información requerida forma parte de los requisitos establecidos en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para su respectiva admisión, resulta forzoso para este Tribunal declarar la inadmisibilidad de la demanda, a tenor de lo establecido en el Artículo 36 eiusdem. Así declara.

En consecuencia, ante la imposibilidad manifiesta de imputado de cumplir con la orden administrativa; resulta forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE IN LIMINE LITIS el amparo constitucional interpuesto, de conformidad con el Artículo 6, Nº 2, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así decide.

Respecto a lo anterior, se niega porque, a pesar de estar admitida la demanda, no corre inserto en autos la providencia que generó la multa, ni las sanciones sucesivas, que el actor manifestó no haber cumplido, acto jurídico que genera consecuencias jurídicas. Por lo expuesto, la ausencia de la providencia impide examinar a priori la conducta del funcionario y por lo tanto, se declara improcedente el amparo cautelar solicitado, conforme al Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales

De lo anterior es importante señalar que la multa se acumuló por incumplimientos sucesivos del demandante y por ello su conducta ilícita no puede generar el derecho a la suspensión del acto; por otro lado, el principio de ejecutividad y de solve et repete no son confiscatorios y las leyes que las regulan no han sido declaradas nulas, por lo que al no demostrarse el periculum in mora alegado, se declara sin lugar la medida cautelar solicitada, al no cumplir los extremos del Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.