DISPOSITIVA En virtud de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Unipersonal de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 364, 365 y 366 del Código Orgánico Procesal, Decide: PRIMERO: ABSUELVE a los ciudadanos FELIPE JOSE ANTILLANO OLIVAR titular de la Cedula de Identidad Nº 12.700.841, RONAL ALEXANDER QUERALES titular de la Cedula de Identidad Nº 12.432.043 y YON ADARFIO QUINTANA titular de la Cedula de Identidad Nº 12.938.794, por los delitos de CONCUSION, previsto y sancionado en el articulo 60 de la Ley Contra la Corrupción, y PRIVACION ILEGITIMA AGRAVADA DE LIBERTAD, prevista en la parte infine del encabezamiento del articulo 176 del Código Penal, en concordancia con el segundo aparte del articulo 175 ejusdem, con las agravantes genéricas establecidas en los Numerales 1 y .....

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confieren la Ley y el derecho declara: PRIMERO: Inexistente la relación de trabajo, conforme se indicó en la parte motiva de esta decisión que se da aquí por reproducido. SEGUNDO: Sin lugar la demanda incoada el actor ALBERTO CACERES contra SOCIEDAD CIVIL RUTA 3, y en consecuencia improcedentes los conceptos y cantidades demandados conforme a los fundamentos de hecho y de derecho expresados en la parte motiva de esta decisión que se dan aquí por reproducido. TERCERO: No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.-

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, la Juez Temporal Tercera de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: Con Lugar la prescripción de las pretensiones alegada por la demandada y en consecuencia sin lugar la demanda. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas porque el actor alego ingresos inferiores a los tres (3) salarios mínimos, conforme al Artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.-

Este tribunal, visto que el actor manifestó de forma pura y simple con la asistencia técnica debida que la accionada no la adeuda monto alguno por el concepto demandado, tomando en consideración que la mediación ha sido positiva y por cuanto la misma no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden publico de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, HOMOLOGA EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de cosa juzgada, en concordancia con lo estipulado en en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, aplicados analógicamente por remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica del Trabajo y como consecuencia de ello la extinción del procedimiento.

Por los razonamientos de hecho y de derecho que anteceden, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión de fecha 09/03/2011, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: No hay condenatoria en Costas del Recurso, dadas las resultas del fallo. TERCERO: Se Modifica la decisión recurrida.

Por todo lo antes expuesto, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA COORDINACIÓN LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 19 de diciembre de 2011, contra la sentencia dictada en fecha 15 de diciembre de 2011, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En consecuencia, se CONFIRMA la sentencia recurrida en todos sus términos.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello la extinción del proceso.

Este Tribunal, visto que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, decide HOMOLOGAR EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada.

En Virtud de las razones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana MARISELA DE LA CHIQUINQUIRA ALVAREZ ROJAS identificada en autos en contra del ciudadano CARLOS SUAREZ. SEGUNDO: Se ordena al ciudadano CARLOS SUAREZ que pague al ciudadano MARISELA DE LA CHIQUINQUIRA ALVAREZ ROJAS, identificado en autos la cantidad de CINCO MIL CIENTO SIETE BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 5.107,00), más lo que resulte de la experticia complementaria del fallo que realizará un solo perito que designará el Tribunal, y la cual se ordena a los fines de determinar: 1) La indexación sobre las cantidades condenadas a pagar. Ahora bien, con respecto a la corrección monetaria y de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo d.....

Consta en autos del folio 53 al 56, 169 al 183 de la primera pieza, folio 99 al 121 de la segunda pieza, copias de las actas constitutivas de las codemandadas, que no fueron impugnadas y se les otorga pleno valor probatorio, se desprende que las mismas utilizan denominaciones similares "la mansión" y "San José"; todas tienen el mismo objeto "frigorífico"; y están integradas por accionistas y juntas directivas con las mismas personas y/o apellidos similares: JOSÉ MARTINHO AGRELA PESTANA, ERIK FELIPE AGRELA, MARCOS ALEXIS AGRELA, MARIA TERESA DOS SANTOS DE PESTANA, BERNARDINO DE AGRELA PESTANA, lo que evidencia su integración conforme a lo previsto en el Artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia, se declaran a las codemandadas responsables solidarias ante las reclamaciones del trabajador conforme a la norma analizada, a excepción de la Cooperativa La Baragueña recordando que el actor desistió de ella en el presente juicio.