declara INADMISIBLE la demanda que originó este proceso, a través del procedimiento intimatorio

declara INADMISIBLE la demanda que originó este proceso, a través del procedimiento intimatorio. Dada la naturaleza de esta decisión, no hay condenatoria en costas

Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por los abogados Luís Alfredo Lemus Cedeño y José Gregorio Fernández, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 21.753 y 65.646, respectivamente, apoderados judiciales del ciudadano RUDY BENIGNO AMUNDARAIN MARÍN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.561.334, contra el acto administrativo contenido en la decisión N° 0204, de fecha 06-04-2009, emanada del Consejo Disciplinario del Distrito Capital del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decide: PRIMERO: se ADMITE el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y solicitud subsidiaria de suspensión de los efectos del acto recurrido, interpuesto por los abogados ALBERTO MILIANI BALZA y OSCAR LEAL DÍAZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 11.778 y 11.974, respectivamente, procediendo en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ ABEL FIGUEIRA, titular de la Cédula de Identidad Nº 1.818.478, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución Nro. R-LG-08-0028 de fecha 04 de abril de 2008, dictada por la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Miranda en fecha.....

declara: 1.- ADMITE la querella interpuesta conjuntamente con amparo cautelar por la ciudadana MINERVA THAÍS BALZA DE DELGADO, portadora de la cédula de identidad Nro. 10.116.514, debidamente asistida por el abogado TERESIO DE JESÚS BALZA FERNÁNDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 25.957, contra la decisión de carácter administrativo, de efectos particulares, acordada y librada por la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre, en fecha 22 de enero de 2010, siendo notificada en fecha 10 de marzo de 2010. 2.- IMPROCEDENTE el amparo cautelar, de conformidad con la motiva del presente fallo.

visto que dicho cómputo es necesario en esta Alzada para dictar la correspondiente sentencia se ordenar oficiar el Juzgado de instancia a los fines que remita cómputo de los días de despacho transcurridos desde el (05) de octubre de 2009, fecha en que la parte recurrente solicitó al Juzgado a quo, pronunciarse sobre la perención solicitada, esta el nueve (09) de febrero de 2010, fecha en que fue negada la apelación, para que el lapso perentorio de cinco (05) días despacho los cuales comenzarán a correr una vez recibido el presente oficio, sea remitido. Líbrese el correspondiente oficio.

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia de fecha 15/12/1999, dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales incoada por el ciudadano Carlos Lorenzo Rivas Monasterios contra la sociedad mercantil INVERSORA INKOBE, C.A. TERCERO: SE CONDENA a la parte demandada a pagar a la parte actora los conceptos y montos establecidos en la parte motiva del presente fallo. CUARTO: SE MODIFICA la sentencia recurrida. No hay condenatoria en costas, en virtud de la naturaleza del fallo.

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES dándole efectos de la Cosa Juzgada. Asimismo, se ordena el archivo del presente expediente. Se ordena la devolución de los escritos de pruebas consignado por las partes al inicio de la audiencia. El Juez Abg. Franklin Porras Mendoza Los Presentes El Secretario Abg. Julio Hernandez

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Quinto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por la representación judicial de ambas partes, en contra de la sentencia dictada en fecha 17 de diciembre de 2009, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio de esta misma Circunscripción Judicial. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano ANIBAL JOSÉ MÁRQUEZ RODRÍGUEZ en contra de la empresa MANUFACTURAS JAYDAN C.A., por lo que se condena a ésta última al pago de los conceptos expuestos en el capítulo que antecede. TERCERO: Por la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas. CUARTO: Se modifica el fallo apelado. Se ordena librar oficio al Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial a los .....

(...) Con relación a la Prueba de Informes promovida en el Capítulo II del escrito de promoción de pruebas con la finalidad de oficiar al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS LIGERAS Y COMERCIO, debe observar el Tribunal que a la luz de la norma del artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la prueba de informes es un medio de prueba en virtud del cual, el Juez en su deber de escudriñar los hechos controvertidos, requiere de los entes públicos o privados que no sean parte en el proceso, informes sobre determinados hechos que les consten y sobre los cuales estos entes han desarrollado su actividad o han emitido o pueden emitir criterios técnicos o no, pero propios del ente que no es parte en el proceso, es decir, exige la norma adjetiva in comento como requisito fundamental de la referida prueba que los entes (públicos o privados) a los cuales se requerirá la información no sean parte en el proceso. Realizada tal consideración, debe observarse que efectivamente.....