Así las cosas, es claro para esta Juzgadora, que las documentales consignadas mediante esta particular técnica promocional no emanan de un tercero ajeno al proceso, sino de la misma parte promovente demandada en el mismo, comprometiendo así gravemente principios probatorios básicos y esenciales de la actividad judicial para la obtención de una decisión acorde con el ordenamiento jurídico venezolano, y en consecuencia comprometiendo el requisito de validez mencionado ut-supra, por lo cual dicho medio de prueba bajo la técnica inscrita en el articulo 79 de LOPTRA así como, el 431 del Código de Procedimiento Civil deviene en ILEGAL e inadmisible . Así se establece.

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito del Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declara: Primero: La PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, en la solicitud interpuesta por OTMARO HENRIQUEZ SILVA WILLSON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.396.932. Segundo: Por la especial naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada. Se deja constancia de la devolución de las pruebas promovidas al inicio de la audiencia. Se ordena agregar a los autos copia del cheque antes descritos y recibido conforme. La Jueza Abg. Olga Romero El Secretario Abg. Tomás Mejías Apoderado de la parte actora Apoderadas de la demandada

En tal sentido corresponderá a esta Juzgadora, vista la incomparecencia del demandado, constatar exhaustivamente si lo reclamado por dichos conceptos corresponden a derecho o no; en este sentido pasa de seguidas esta Juzgadora a revisar todos y cada uno de los montos demandados por cada uno de los conceptos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto es una de las facultades concedidas al Juez en estos casos; en consecuencia se condena a la parte demandada al pago de los siguientes conceptos y cantidades: Primero: Se declara procedente el pago de los salarios mínimos decretados por el Ejecutivo Nacional desde la fecha de inicio de la relación el 22 de octubre de 2004 hasta la presentación de la demanda el 28 de febrero de 2011; correspondiéndole las siguientes cantidades de acuerdo a la siguiente discriminación:

A través de SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Tribunal decretó la SEPARACIÓN DE CUERPOS y DE BIENES, de los ciudadanos RONALD DAVER QUIJADA GARCÍA y BRIGETTE VIRGINIA GOMEZ PAZ, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-17.531.553 y V-18.600.095, respectivamente; en los mismos términos y condiciones por ellos expuestos, por no ser contrarios al orden público o las buenas costumbres, de conformidad con lo previsto en los artículos 189 y 190 del Código Civil, en concordancia con el artículo 762 y 765 del Código de Procedimiento Civil.

En el día de hoy 06 de marzo de 2012, se dictó resolución mediante la cual este Tribunal declaró LA PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem, y en consecuencia, se producen los efectos indicados en el artículo 271 ibidem.

En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Juicio de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: Se ABSUELVE a los ciudadanos LUÍS GERARDO RODRÍGUEZ TORRES, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, de 25 años de edad, nacido en fecha 04-05-1986, de profesión u oficio buhonero, estado civil soltero, hijo de Uvaldina Torres (F) y Arquímedes Rodríguez (V), residenciado en el Barrio la Agricultura, Calle el Caminito, casa Nº 51, a media cuadra del abasto los chinos, teléfono 0416-836-9907, 0416-404-7714 (Isabel); LUÍS GUSTAVO ARGUINZONES, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, de 19 años de edad, nacido en fecha 25-06-1992, de profesión u oficio buhonero, estado civil soltero, hijo de Aura.....

este Tribunal Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Transición de este Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescente y Nacional de Adopción Internacional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código Civil, CONCEDE AUTORIZACION JUDICIAL PARA COBRAR LA CANTIDAD DE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES CON TREINTA CENTIMOS (BS. 1.695,30) de manera mensual, de los haberes depositados en la cuenta de ahorros N° 0003-0081-14-0100493688 del Banco Industrial de Venezuela, a la ciudadana YURELVIS GAMEZ DE FUENTES, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-15.048.549, y en beneficio de sus hijas, las niñas (SE OMITEN SUS IDENTIDADES), de 09 años y once (11) mese de edad. ASÍ SE DECIDE.

declara IMPROCEDENTE la medida cautelar Innominada solicitada por el ciudadano LUIS RAFAEL PIÑERO FUENTES, portador de la cédula de identidad Nro. 1.780.026, asistido por el abogado EDGAR PARRA MORENO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 18.386.

SE DECLARÓ CON LUGAR LA PRESENTE SOLICITUD, SE DECLARÓ DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL EXISTENTE TODO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 185 A DEL CC.