este Juzgador observa que la transacción no es contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, ni hallándose disposición expresa de la Ley que impida su homologación, este Juzgador impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara Homologada la transacción realizada por las partes. En consecuencia, archívese el expediente

este Juzgador observa que la transacción no es contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, ni hallándose disposición expresa de la Ley que impida su homologación, este Juzgador impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara Homologada la transacción realizada por las partes. En consecuencia, archívese el expediente.

este Juzgador observa que la transacción no es contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, ni hallándose disposición expresa de la Ley que impida su homologación, este Juzgador impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara Homologada la transacción realizada por las partes. En consecuencia, archívese el expediente.

este Juzgador observa que la transacción no es contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, ni hallándose disposición expresa de la Ley que impida su homologación, este Juzgador impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara Homologada la transacción realizada por las partes. En consecuencia, archívese el expediente.

este Juzgador observa que la transacción no es contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, ni hallándose disposición expresa de la Ley que impida su homologación, este Juzgador impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara Homologada la transacción realizada por las partes. En consecuencia, archívese el expediente.

En razón de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo 269 eiusdem, este Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PERIMIDA LA INSTANCIA. No se condena en costas a la parte inactiva, a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. Notifíquese a la parte actora de la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil. REGISTRESE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Val.....

Este TRIBUNAL QUINTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ESTADO CARABOBO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, Declara CON LUGAR la solicitud de "UNICOS HEREDEROS UNIVERSALES" y en consecuencia declara conforme a los autos, a los ciudadanos VICTORIA AZUAJE y MARTIN RAMÓN PEREZ, venezolanos, mayores de edad, divorciados, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-7.041.470 y V-1.376.588 respectivamente, ambos de este domicilio, como "UNICOS HEREDEROS UNIVERSALES" del difunto MARTIN RAFAEL PEREZ QUEVEDO, venezolano, mayor de edad, profesor, soltero, identificado con la cédula de identidad Nro. V-8.843.290, quien fallecio ab-intestato, en el municipio Valencia, estado Carabobo, en fecha 19/04/2010, según consta del Acta de Defunción la cual se encuentra asentada bajo el Nro. 85, Tomo II, Año 2010, en los Libros de Registro Civil, municipio San Diego,.....

AUTO. ORDENA OFICIAR A LA DEFENSA PÚBLICA Y EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS. Vista la diligencia que antecede, suscrita por los abogados ALIRIO JOSÉ RUIZ y ROSA MARTINS, plenamente identificados en autos, éste Tribunal acuerda de conformidad con lo solicitado. En consecuencia, se ordena oficiar a la Coordinación Regional de la Defensa Pública Regional a los fines de que se sirva informar a éste Juzgado Agrario, si en los archivos de esa dependencia oficial reposan documentos públicos, en virtud a la prueba de informe promovida por la parte actora, conforme a lo establecido en el articulo 433 el Código de Procedimiento Civil. Por cuanto el referido requerimiento fue realizado por éste Tribunal a la Coordinación de Actuación Procesal de la Defensa Pública Nacional mediante Oficios Nros. 034/2010 y 126/2010. Lo anterior en atencion al Oficio Nº CAPDP-2010-0774, de fecha 20 de agosto del presente 2010, proveniente de la mencionada Coordinación de Actuación Procesal, y recibido por éste desp.....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta el 21 de junio de 2010, por el abogado FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSE VASQUEZ MARTINEZ, contra el auto dictado el 16 de junio de 2010, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en esta ciudad.- SEGUNDO: DECLARA LA NULIDAD de todas las actuaciones realizadas en el presente juicio de RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, tiene incoado el ciudadano JOSE VASQUEZ MARTINEZ, contra la sociedad mercantil PROMOTORA 70-40-90, C.A., y la ciudadana LILIBETH YVELITZA RIVERO LUGO, a partir del auto dictado por el Juzgado Cuar.....

Dada la incomparecencia de la parte actora recurrente, este Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la circunscripción judicial del estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA DESISTIDA LA APELACIÓN INTENTADA. En consecuencia, queda firme el fallo recurrido.