Se Homologó el Convenimiento de Régimen de Convivencia Familiar así como sus recaudos, presentada por la Abogada BLANCA AURORA MARCANO MORALES, en su carácter de Fiscal Nonagésima Cuarta (94°) del Ministerio Público; a petición de los ciudadanos YOLIMAR CASTRO MORILLO y ADALBERTO JOSÉ SAVIÑON PIRELA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.685.315 y V-11.311.329, respectivamente

En consideración a lo anteriormente expresado, este Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley NIEGA LA MEDIDA DE SECUESTRO solicitada por la parte actora. Así se decide.-

declara: ÚNICO: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 887/11, de fecha 08 de noviembre de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, solicitada por la empresa Prosol Servicios C.A.

VI Dispositivo En base a los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÀREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por el ciudadano JOSE ANTONIO QUINTANA LOPEZ contra AGGREKO DE VENEZUELA C.A. y AGGREKO INTERNATIONAL PROJECT LIMITED SUCURSAL VENEZUELA, debidamente identificado en autos. SEGUNDO: Se ordena cancelar los conceptos que se detallan en la motiva del fallo TERCERO: No hay condena en costa.

Se HOMOLOGA el Convenimiento de Obligación de Manutención, suscrito por los ciudadanos ZORELY RAFAELA ALVAREZ CABELLO ENGELBER RAFAEL AGUILERA FIGUEROA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-15.872.491 y V-12.062.307, respectivamente, en fecha 02/02/2012, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 375 y 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, indicándosele a las partes que dicha homologación tiene fuerza ejecutiva.

Se HOMOLOGA el Convenimiento de Obligación de Manutención, suscrito por los ciudadanos LAURIMAR KARIN ARENAS LAMAS y RODOLFO DELGADO MARQUEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-15.366.038 y V-12.063.227, respectivamente, en fecha 02/02/2012, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 375 y 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, indicándosele a las partes que dicha homologación tiene fuerza ejecutiva.

III DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE por Caducidad el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por los ciudadanos JORGE ANTONIO GARCÍA RUEDA y LENNY ENRIQUE ARCILA VELÁSQUEZ, titulares de la cedula de identidad Nros. 11.983.084 y 15.097.984, respectivamente, asistidos por el abogado Franklin Rodríguez Herrera, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 101.238, contra la Dirección Nacional de Investigaciones Internas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los Siete (07) días del mes de Febrero de Dos Mil Doce (2012). EL JUEZ Abg. JOSE VALENTÍN TORRES .....

Vista la diligencia de fecha 30 de enero de 2012, suscrita por la abogada Mayerly Monterrey, inscrita en el INPREABOGADO bajo al N° 95.929, apoderada judicial de la parte querellante en la presente causa, mediante la cual apela de la Sentencia Definitiva dictada por este Órgano Jurisdiccional en fecha 23 de enero de 2012, la cual declaró: SIN LUGAR el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial. Este Juzgado oye en ambos efectos dicha apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en consecuencia, ordena la remisión del presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las CORTES PRIMERA Y SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, para que conozca de la misma. Líbrese el respectivo oficio de remisión.

IV DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano EDUARDO YUDAT PINTO PALMA, titular de la cédula de identidad Nº V-11.820.952 asistido por el abogado Carlos Evelio Chacon y Omar Cárdenas Hernández, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 88.735 y 45.361; contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº 212 de 25 de febrero de 2010 mediante el cual fue destituido del cargo de Oficial I que ejercía en el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO LIBERTADOR (INSETRA). Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, en Caracas el Siete (7) de Febrero de Dos Mil Doce (2012). EL J.....

Vista la diligencia de fecha primero (01) de febrero del dos mil doce (2012), suscrita por el abogado Alejandro Gallotti, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 107.588, actuando con el carácter de apoderado judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial que interpusieran los abogados Alexis José Bravo León y Cesar Augusto Guerrero, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 77.229 y 119.695, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana María Auxiliadora Cuicas Ávila, titular de la cédula de identidad Nº 5.260.718, en contra de la Dirección General de Educación del Estado Bolivariano de Miranda, mediante la cual apela de la sentencia dictada en fecha diecisiete (17) de enero del dos mil doce (2012), que declaró Con Lugar el presente recurso, este Juzgado oye en ambos efectos dicha apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de .....