III DECISIÓN Con base en las consideraciones precedentes, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario ejercido por la recurrente Banco Mercantil, C.A., (Banco Universal), contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N°. 1676-203 emitida por la Superintendencia Municipal de la Alcaldía del Municipio Libertador consecuencia del Acta de Auditoría Fiscal N°. 109/2003, notificada esta última en fecha 13-11-2003. En consecuencia: PRIMERO: Se declara sin lugar la prescripción alegada por los representantes de la firma recurrente. SEGUNDO: Se confirma el conjunto de reparos formulados a la Institución Financiera ya identificada, cuyo total asciende al monto de Tres Mil Ochocientos Diecinueve Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Ocho Cientos Veintisiete Bolívares Con Setenta y Cuatro Céntimos (Bs. 3.819.546......

Se declaró extinguido por Perención el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la contribuyente DISTRIBUIDORA J.J.L., S.R.L., por cuanto transcurrió más de un (01) año sin que las partes hubiesen impúlsado el proceso.

este Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de la Sección Penal de Responsabilidad de Adolescentes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la ley, con arreglo a lo previsto en el artículo 555 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, acuerda: Primero: Sustituir la medida cautelar contenida en el literal “g” del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por las establecidas en los literales “b”, “c” y “f” ibidem, consistentes en la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de su representante legal, la de presentarse por ante este Despacho los días martes de cada semana, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y 3:00 p.m., y la prohibición de acercarse a la víctima y testigos, por sí o por interpuesta persona. En consecuencia, se acuerda el egreso del adolescente (SE OMITE IDENTIDAD), de la Casa de Formación In.....

SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada en relación con el tercero interviniente. Se confirma el auto apelado.

III Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Vigésimo Quinto del Primera Instancia en Función de Control administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE conforme a lo establecido en el artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal, la QUERELLA interpuesta por el ciudadano OSCAR GERARDO CANINO ANDRADE, en contra de los ciudadanos JUAN CARLOS ESCOTET, Abogado IVAN ENRIQUE HARTING VILLEGAS Abogado FRANCISCO DE JESÚS HURTADO VEZGA, Abogada MARIA ALEJANDRA MATA DE BARRIOS, MIGUEL PECEÑO, ANGELICA JOSEFINA PEREZ y ZULY RODRÍGUEZ, por cuanto la misma cumple los requisitos previstos en los artículos 292, 293 y 294 todos del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se CONFIERE a la VICTIMA, ciudadano OSCAR GERARDO CANINO ANDRADE, la condición de PARTE QUERELLANTE, conforme a lo dispuesto en el artículo 296 eiusdem. TERCERO: Líbrese oficio a la Fiscalía.....

Por los razonamientos anteriormente expuestos este Trigésimo Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del ciudadano ANDRES LOPEZ MARTINS, de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, de 22 años de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 16.359.967, domiciliado en la calle Cayaurima tres, zona K, quinta Ana María, Macaracuay, hijo de María Alda Martins de Almeida López (F) y Armando López Da Concercao; por encontrarse presuntamente incurso en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el Artículo 406 ordinal 3ro literal "a" del Código Penal VigentE, en virtud de estar llenos los extremos legales de los artículos 250 numerales 1, 2 y 3 y 251 numerales 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal. Se libro oficio dirigido al ciudadano Jefe de la División de Capt.....

este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 251 eiusdem, DIFIERE el acto de dictar sentencia en este proceso, para dentro de los treinta (30) días siguientes a esta fecha. Para el caso de que no se pronuncie el fallo dentro del lapso aquí fijado, el Tribunal deberá notificar a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para ejercer el recurso de casación, si fuere el caso.-

Por las razones precedentes, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, en Sede Constitucional declara INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano Luis A. Dávila Bustamante, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº 3.821.249, actuando en su carácter de Presidente de la Asociación Civil "Villas de La Lagunita S.C.", y debidamente asistido por el abogado Luis Alberto Escobar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 18.062, contra la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro de la Alcaldía El Hatillo del Municipio El Hatillo del Estado Miranda por la presunta violación a los derechos constitucionales contenidos en los artículos 51, 75 y 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publíquese, Regístrese, Notifíquese al ciudadano Fiscal General de la Republica Dada, firmada y s.....

Por todo lo ante expuesto, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, INADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana LUPE ANGELA BUSTOS, ya identificada, contra el ciudadano GILBERTO CARREÑO, en su condición de Presidente del Instituto Autónomo de Gestión Ambiental del Municipio El Hatillo del Estado Miranda.

se admite la acción de amparo constitucional interpuesta cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, sólo en lo que respecta a la presunta violación al actor del derecho de petición previsto en el citado artículo 51 del Texto Constitucional.