Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ORDENÓ remitir el expediente al JUZGADO SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL EN FUNCIONES DE DISTRIBUIDOR, para que previa distribución del mismo, el Tribunal competente realice una revisión exhaustiva del expediente a los fines de que efectúe la ejecución del fallo dictado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 24 de Mayo de 2000, que confirmó en los términos expuestos la decisión dictada por el extinto Tribunal de la Carrera Administrativa, en fecha 21 de septiembre de 1993. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en funciones de Distribuidor.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Distrito Arismendi del estado Barinas, en fecha 28 de julio de 2010, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JESÚS ORLANDO FONSECA FIGUEREDO, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE y 2.- CONFIRMA la sentencia sometida a consulta.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. NO ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, 2. PLANTEA EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA en el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y 3. ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie con respecto al conflicto de competencia planteado.