En consecuencia, esta Juez Unipersonal IX del Circuito de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley HOMOLOGA en todas y cada una de sus partes el presente convenio en los mismos términos y condiciones suscritos por las partes, de conformidad con lo establecido en los artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Téngase como sentencia pasada con Autoridad de Cosa Juzgada. Expídase por Secretaría, copias certificadas de la presente resolución y del Acta convenio suscrito por las partes y entréguese a las partes interesadas a los fines de que surtan los efectos legales consiguientes, una vez que las mismas consignen los fotostatos correspondientes. Cúmplase lo ordenado. LA JUEZ LA SECRETARIA Abg. KATERY ROJAS NURYVEL A. PEÑA GONZALEZ

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Jueza Unipersonal No. XV de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la demanda que por Fijación de Obligación Alimentaria (hoy Obligación de Manutención), intentara la ciudadana ZAIDA PATRICIA TORRES ALVAREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-24.591.869, progenitora de la niña (Se omite su identificación según lo dispuesto en el Artículo 65 de la LOPNA), debidamente asistida por el abogado MIGUEL LEONARDO UZCATEGUI, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 117.430, actuando en su carácter de Defensor Público Suplente Noveno (9°) del Área Metropolitana de Caracas con competencia en el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente, en contra del ciudadano FRANKLIN NOEL VA.....

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Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta la siguiente sentencia: PRIMERO: Se confirma, de acuerdo a la motivación ya señalada, la decisión dictada el 18 de enero de 2008 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual prorrogó el lapso probatorio en el juicio que por indemnización de daños y perjuicios sigue el ciudadano GONZALO TIRADO YEPES en contra de la Sociedad Mercantil STANFORD GROUP VENEZUELA ASESORES DE INVERSIÓN C.A; SEGUNDO: Se declara sin lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandada; TERCERO: Se condena en costas del recurso a la parte apelante conforme al artículo 281 del Código de Proce.....

Ahora bien; de las actas anexas al presente expediente, no consta diligencia alguna sobre el recibido de las diligencias practicadas por el referido Instituto Policial comisionado para la práctica de la referida citación; sin embargo, tampoco establece la norma contenida en el Artículo 410 del Código Orgánico Procesal Penal, como presupuesto de celeridad procesal, otra medida de coerción a recurrir, en los supuestos de no localización de las personas señaladas como querelladas, como así lo ha solicitado el representante judicial de la Querellante; toda vez que concebir lo contrario, sería atentatorio contra el Principio de Legalidad; base fundamental de nuestro Sistema Judicial Penal; lo que deviene que tal solicitud formulada por el prenombrado representante judicial del Querellante, debe ser declarada IMPROCEDENTE. Y así se decide. Publíquese, Regístrese, Notifíquese

En el día de hoy, Ocho (08) de Octubre del año Dos Mil Ocho (2008), siendo nueve y treinta minutos de la mañana, se traslado y se constituyo el abogado CARLOS MARTINEZ PERAZA, Juez Cuarto de Municipio Ejecutor de Medidas y su Secretaría, Abogado Josefa Mantilla, en compañía de la parte actora, ciudadano Jesús Rafael Granados, quien es mayor de edad, venezolano, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro V.-8.359.433, abogado Miguel Ángel Álvarez Soto, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 92.444, en la siguiente dirección señalada por la representación de la parte actora: Avenida Francisco de Miranda, Edificio Minfra, Piso 1, Asesoria Legal adscrita a la Direccion General de Recursos Humanos, donde funciona el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, Municipio Chacao, Estado Miranda, a fin de practicar la medida INNOMINADA decretada por el JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION CAPITAL, con motivo del RECURSO CONTEN.....

Se decretó la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente solicitud de Régimen de Visitas Internacional presentada por el ciudadano JESUS ANTONIO ROJAS SIFONTES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 6.304.111, contra la ciudadana JOVANA PILAR LAVADO DE ROJAS, de nacionalidad peruana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 82.243.614, de acuerdo con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 267 eiusdem, por cuanto ha transcurrido más de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento, norma supletoria a la cual nos remite el artículo 451 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

PRIMERO: CON LUGAR, la presente solicitud de MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA ESPECIAL DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, solicitada por el ciudadano HERMANN ALEJANDRO CAPRILES ARVELAÍZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-3.666.909, debidamente asistido por el abogado MAX SALAS, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado, bajo el Nro. 129.828. SEGUNDO: Se decreta formal MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA ESPECIAL DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, sobre un lote de terreno constante de una superficie aproximada de Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Hectáreas Con Cinco Mil Setecientos Dieciocho Metros Cuadrados (1447 Ha con 5.718 áreas) que constituye el HATO SAN PANCRACIO, ubicado en el sector Vásquez, Parroquia Guardatinajas, Municipio Miranda del Estado Guarico, alinderado de la siguiente manera: NORTE: Terrenos del Fundo Los Pozotes, Terrenos del Hato Rosalinda y Terrenos del Fundo Santa Bárbara; SUR: Caño Vera; ESTE: T.....

PRIMERO: Sin Lugar la oposición al decreto de la medida innominada especial de protección a la producción agropecuaria, siembras y cosechas, decretada por este Juzgado Superior Primero Agrario en fecha 14 de agosto de 2008, siendo formulada mediante escrito consignado en fecha 18 de septiembre de 2008, por los abogados YOLIMAR HERNÁNDEZ Y DANIEL GUILLEN, en su carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). SEGUNDO: Se decreta la continuidad de la presente cautela especial agraria de protección, en función a la temporalidad establecida en la misma. Y así se decide. TERCERO: El presente fallo es publicado dentro del lapso legal establecido para ello. Y así se decide.

En fecha 08 de noviembre de 2006, se decretó medida de Colocación Familiar a favor del niño (se omite el nombre conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente), a ejercerse en el hogar de los ciudadanos CESAR JESUS PEREZ Y JOSEFA OMAÑA DE PEREZ, ya identificados, de conformidad con lo previsto en el artículo 126, literal i de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En virtud de lo antes expuesto y visto que las circunstancias que originaron el presente asunto, no han variado, esta Juez Unipersonal Nº 10, ratifica la MEDIDA DE COLOCACIÓN FAMILIAR dictada a favor del niño (se omite el nombre conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente), la cual seguirá ejerciéndose en el hogar de los ciudadanos CESAR JESUS PEREZ Y JOSEFA OMAÑA DE PEREZ, de conformidad con lo previsto en el artículo 126, literal i ejusdem.