declara: 1. Con lugar la ejecución forzada de la obligación de manutención fijada por las partes, mediante convenio de fecha 04 de febrero de 2009, aprobado y homologado mediante sentencia interlocutoria No. 23, de fecha 05 de febrero de 2009, en virtud de haberse demostrado la deuda por parte del progenitor, por la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 4.400,00). 2. Decreta medida de embargo ejecutiva sobre: los bienes muebles e inmuebles propiedad del ciudadano LUIS MANUEL CARVAJAL FUENMAYOR, hasta alcanzar la cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 8.800,00), lo cual corresponde al doble del monto adeudado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil. Para la ejecución de dicha medida se comisiona suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Almirante Padilla y Páez de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a quien se orden librar despacho .....

este TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO CONSTITUIDO DE MANERA UNIPERSONAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA: 1) SENTENCIA CONDENATORIA al ciudadano NELSON ANTONIO GONZALEZ PEREZ, venezolano, natural de Maracaibo, fecha de nacimiento 13-07-77, de estado civil soltero, titular de la cédula de Identidad 14.630.492, de 33 años de edad, profesión u oficio obrero, hijo de Yuranis Pérez y Ángel González, residenciado en el Barrio Día de Las Madres, casa N° 95E-27, frente al Abasto "Mis dos nietos", Maracaibo Municipio Maracaibo del Estado Zulia, por la comisión del delito de TENTATIVA DE ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 07 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en perjuicio de RONALD ENRIQUE SOTO, condenándolo a cumplir la pena de CUATRO (04) AÑOS Y CUATRO (4) MESES D.....

Por las razones y fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA LA REVISIÓN DE MEDIDA, solicitada por los Abogados Privados EDUARDO OSORIO, ENDER ARRIETA Y GISELA RAMIREZ, en su carácter de Defensor del imputado HERNANDO ANDRES FLORES TORRES, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, PRIVACION ARBITRARIA DE LIBERTAD, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en los artículos 458, 174, y 218 del Código Penal, articulo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, articulo 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no han variado las circunstancias que originaro.....

la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional) como tal derecho de la parte, debe ejercerse. No estableció ni la Constitución, ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta Sala del 28 de julio de 2000 (caso: Luís Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial. La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales: Una, cuando habiéndose .....

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado, Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley SE DECLARA INCOMPETENTE POR EL TERRITORIO, para seguir tramitando el presente asunto, y se ordena remitir el mismo a la Jurisdicción Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, para que este siga tramitando el presente juicio, tomando como base los argumentos aludidos. ASI SE DECIDE.

 CONCEDE la Autorización Judicial para Retirar Dinero por Muerte a la ciudadana Lenis Beatriz Sánchez Romero, portadora de la cédula de identidad No. V-7.639.178, en beneficio del adolescente X. Así se decide.  Se dejan a salvo los derechos del Fisco Nacional y de terceros.

¿ Consumado el Acto Procesal del Convenimiento sobre Régimen de Convivencia Familiar, de fecha 04 de Agosto de 2010, celebrado por los ciudadanos RAFAEL ANTONIO MEDINA MONTILLA y LILIANA DEL VALLE BOHORQUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 7.804.253 y 10.407.760, respectivamente, asistidos por el primero por la Defensora Pública Especializada Novena abogada LIZ GODOY y la segunda por la abogada en ejercicio NORA BRACHO MONZANT, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 26643, en beneficio de la niña MARIA VIRGINIA MEDINA BOHORQUEZ, y pasándolo en autoridad de cosa juzgada como sentencia definitivamente firme, y en consecuencia QUEDA APROBADO Y HOMOLOGADO el referido convenimiento transcrito en la parte narrativa de esta decisión.

DISPOSITIVO: Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana JOANNA GONZÁLEZ MACHADO en contra del MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA DEL ESTADO ZULIA y se ordena al ente querellado el pago de los conceptos discriminados en los literales A, B, C, D, E, F, G, H e I de la sentencia, en lo términos expresados en la parte motiva del presente fallo. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión, a tenor de lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 156 de la ley Orgánica del Poder Público Municipal. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 de.....

En este estado, oído lo expuesto por las partes, este en este estado, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Acuerda conceder el lapso de TREINTA (30) días, por considerarse tiempo suficiente para concluir con el Acto de Investigación, por cuanto la norma le da la potestad al Tribunal de acordar hasta ciento veinte días si fuere el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, explicándole a los presentes que vencido este lapso el Fiscal deberá presentar acusación o solicitar el Sobreseimiento y si se vence dicho lapso no presentaré el correspondiente acto conclusivo indicado, se decretara el Archivo de las Actuaciones, la cual comporta el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, en la causa seguida en contra del imputado JORGE FELIX SOCORRO MORENO, de.....

Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en uso de sus facultades legales, administrando justicia por autoridad de la Ley, declara: 1) DESISTIDA LA APELACIÓN interpuesta por la parte demandada en contra de la decisión de fecha 20 de julio de 2010, dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que conoció de la demanda intentada por la parte demandante ciudadano JORGE GUTIERREZ, en contra de la Sociedad Mercantil DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INGENIERIA, C.A. (DICICA). 2) QUEDA EN CONSECUENCIA FIRME LA DECISIÓN APELADA. 3) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS PROCESALES A LA PARTE APELANTE.